Sumario:

II. Narcotráfico S.A., por José Luis Piñeyro

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LA DEFENSA DEL PETRÓLEO Y EL LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL, EJES DE LA ACTIVIDAD DE LÓPEZ OBRADOR EN LA COSTA CHICA DE GUERRERO

Desde la región de la Costa Chica de Guerrero, el presidente legítimo de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, insistió el día de hoy en señalar que las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) preparan ya la entrega del petróleo a manos privadas, nacionales y extranjeras, y sostuvo que denunciará en todas las plazas públicas del país los nombres de los siete traidores a la patria, que son: Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, Jesús Reyes Heroles, Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Francisco Labastida.

Desde el municipio de Ometepec, López Obrador advirtió: “ni piense el presidente pelele, Felipe Calderón, que le va a entregar el petróleo a los extranjeros, aunque tengamos que parar al país, voy a llamar a la movilización nacional, pero el petróleo no se va a entregar a extranjeros, porque ¡la patria no se vende!”.

En consecuencia, López Obrador invitó a los guerrerenses a participar, el próximo 18 de marzo, a las 17:00 horas, en la concentración nacional para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El presidente legítimo de México anunció también que a partir de hoy están en la página de internet del gobierno legítimo de México los formatos para que los mexicanos se amparen en contra de los aumentos a los precios de la gasolina y el diesel, que entraron en vigor el pasado 6 de enero. Llamó a los ciudadanos a no quedarse con los brazos cruzados ante el incremento injusto e inmoral a los mencionados combustibles. “No somos ciudadanos imaginarios —expresó—, somos ciudadanos que defendemos nuestros derechos y vamos a seguir insistiendo en contra de todas las arbitrariedades que hace el gobierno del pelele de Calderón”.

Detalló que en las páginas de internet www.gobiernolegitimo.org.mx y www.cnd.org.mx se encuentra a disposición de los interesados el formato de demanda de amparo contra el gasolinazo (que consta de 31 fojas) y el instructivo de llenado del mismo. Cabe destacar que, una vez llenado el formato de amparo, los interesados pueden presentarlo ante las autoridades correspondientes.

En el segundo día de recorrido de trabajo por la entidad, López Obrador destacó el hecho de que maestros y trabajadores al servicio del Estado hayan interpuesto 700 mil amparos contra la llamada reforma a la Ley del ISSSTE, y pidió a los guerrerenses estar pendientes de las acciones que se desarrollarán en contra del intento privatizador de la industria petrolera, porque “no vamos a permitir la entrega del petróleo”.

Ante la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que las empresas extranjeras no tienen la obligación de entregar información sobre las concesiones que tienen para generar energía eléctrica en el país, López Obrador indicó que “esos funcionarios no sirven para nada, sólo son alcahuetes de los poderosos y nunca hacen justicia en México. Y para muestra un botón —expresó—, los ministros de la Corte se han dedicado a proteger al represor de Ulises Ruiz y al gobernador autoritario de Puebla, Mario Marín”.

“Además, resulta injusto que un ministro de la Corte tenga un salario de 500 mil pesos mensuales, libres de polvo y paja, nada más para apoyar a los poderosos y además cuenten con muchas prestaciones que ni siquiera recibe un funcionario de Estados Unidos, ni George Bush gana esa cantidad”, mencionó.

“Hoy estaba leyendo un periódico de Guerrero donde mencionaba que ya se llegó a un acuerdo en Chilpancingo para que el precio de la tortilla disminuya de 15 a 10 pesos y ya se llegó a ese acuerdo, pero imagínense qué rebaja hicieron, si cuando usurpó el pelele de Calderón la Presidencia, la tortilla estaba a 4 pesos y ahora se quedó en 10 pesos”, dijo.

Y ante ello, expresó que “con la llegada del gobierno usurpador se ha encarecido la vida de millones de mexicanos y no había necesidad de aumentar los precios de la gasolina y el diesel”.

Al conceder una entrevista a la conductora del programa Soy Guerrero, que se transmite en la estación 1100 de AM de Ometepec, Guadalupe López Rodríguez, el presidente legítimo de México reiteró que no está pensando en formar otro partido, “porque yo soy y seguiré siendo militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.

También aclaró que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) votaron en contra de cualquier aumento a los precios de las gasolinas y no emitieron un sufragio a favor, como supone un conductor de radio y de televisión y que tacha de hipócritas a los legisladores del PRD, Partido del Trabajo y Convergencia.

“En cambio —destacó—, los legisladores de los partidos de la derecha sí aprobaron el incremento a las gasolinas que propuso el usurpador de Calderón, quien durante la campaña presidencial anduvo cacareando a los cuatro vientos que disminuiría los precios de los combustibles si ganaba en la contienda del 2006”.

Finalmente, comentó el trabajo de los legisladores del FAP en los siguientes términos: “los diputados del Frente han mantenido una actitud consecuente. Yo quisiera que fuesen más firmes, no sólo que votaran en contra, sino que protestarán lo suficiente y subir a la tribuna para impedir estos atropellos, como son el empobrecimiento a la gente”.

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NARCOTRÁFICO S.A.
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 19 de enero de 2008)

Para Carmen Aristegui con solidaridad

La reciente publicación de El almanaque mexicano 2008, editado por Sergio Aguayo, contiene un apartado especial dedicado al narcotráfico, además de otros como “Economía y desigualdad social” o “Seguridad e inseguridad”, este último con un subapartado sobre las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiacas. Sin duda, las cuantiosas estadísticas y agudas reflexiones son un instrumento muy útil para especialistas y una primera aproximación a los graves problemas nacionales.

El apartado “Narcotráfico y violencia” reconoce que ambos crecieron por la pasividad de Fox, la fragmentación del poder y un efecto no deseado de la democracia. Dicho tráfico nació dependiente del poder político y por décadas respetó las reglas del Estado que le vetaba participar en política, desviar drogas destinadas a EU al mercado interno y respetar las decisiones del gobierno.

Concluye: “La alternancia en el poder y el aumento en el poder de los Estados destrozaron los acuerdos y hoy el crimen organizado trata con funcionarios de los tres niveles de gobierno y promueve el consumo”. Es decir, que hoy el narco trate con gobiernos estatales y municipales de los tres principales partidos, y no sólo con uno, le ofrece mayor autonomía de acción para regionalizar sus actividades, fortalecerse y concentrarse o diseminarse frente a emergencias, participar en las elecciones e imponer candidatos —como recién sucedió en Michoacán—, generar una base de apoyo social estable y dispersa, incursionar en otras actividades delictivas, todo ello aunado a la presencia de los “nuevos virreyes”, algunos gobernadores que al amparo de la descentralización política reclaman una sospechosa soberanía.

Apunta El almanaque que el narcotráfico es definido por el gobierno como la principal amenaza a la seguridad nacional, pero “la información que entrega es insuficiente, fragmentada y en ocasiones imprecisa”. No sólo la información es fragmentaria sino las propias acciones policiaco-militares; ayer como hoy las autoridades reconocen la necesidad de una mayor coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales; además, las acciones son dominadas por una lógica represiva y para nada preventiva del consumo de drogas. Así, se informa que, según el Consejo Nacional contra las Adicciones, por cada peso gastado para prevenir el consumo se utilizan 16 para combatir la oferta: la producción, distribución y consumo de drogas. El menosprecio por las acciones preventivas es tal que el gobierno de Calderón en sus primeros cinco meses “transmitió 732 mil 886 mensajes sobre el combate al narco; ninguno para combatir el consumo”.

Por otra parte, la medida oficial del avance antinarcóticos es el número de erradicaciones de plantíos, aseguramiento de drogas y detenciones; como cada año aumenta dicho número, puede obedecer a una mayor eficiencia del gobierno federal o al crecimiento exponencial del narcotráfico y la drogadicción. ¿Cuál cree el lector que será el caso? Sobre los arrestos se señala: “La mayoría de los detenidos son narcomenudistas o consumidores. Es cuestionable el criterio oficial de incluirlos como parte de una organización criminal”. Las cárceles están llenas de drogadictos y pocos narcotraficantes cuando debería ser al revés.

Además, el gasto gubernamental en rehabilitación de drogadictos es mínimo, como lo muestra el presupuesto de los Centros de Integración Juvenil. Sobre los sicarios, se señala que 237 mil efectivos militares desertaron de 1994 a 2006 y que si 10% los reclutara el narco, tendría “un ‘ejército’ de elementos bien entrenado y armado, con información sobre las operaciones y el sistema de telecomunicación”. A esta milicia hipotética hay que agregar que con 1% de los 55 millones de pobres y pobres extremos que ingresaran al crimen organizado, tendríamos 550 mil personas, otro ejército de reserva.

Aspecto adicional planteado es: “Otro enigma es la magnitud de la infiltración del aparato de seguridad por el crimen organizado. Un indicador podría ser el personal al que la Sedena detectó adicción a las drogas, de 2001 a 2007, un total de 3 mil 184 militares”.

Cabría agregar otros indicadores: las policías municipales, estatales y federales, donde la infiltración es mayor, los funcionarios que venden información confidencial, los responsables de enriquecimiento ilícito. Sacar del Estado y también de la sociedad a los anónimos apoyos del narco, aunado a campañas de rehabilitación de drogadictos, de prevención de delitos, de participación ciudadana y de creación masiva de empleos permanentes con salarios dignos, son los únicos caminos para controlar y reducir el narcotráfico. La sola óptica represiva está agotada; urge una política de Estado.
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