Con el objetivo de ofrecer el servicio de su magisterio en la fe, los Obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, presentan una contribución desde la perspectiva ética al debate público que se realiza en México con ocasión de la reforma hacendaria que se discute en el Congreso, y como un servicio a la formación de la conciencia de los fieles.

En la Carta Pastoral del año 2000 los obispos mexicanos proponían a la reflexión algunos retos relevantes para una economía que contribuya al desarrollo del pueblo. En este contexto se planteaba: “¿Cómo asegurar la transparencia de las finanzas públicas y la justicia en los procesos de recaudación fiscal, para así aumentar la confianza y la colaboración de todos con la gestión del bien común que debe realizar el Gobierno?[1]

Este planteamiento cobra vigencia ahora que distintos sectores de la vida económica, social y política de la nación mexicana analizan la reforma hacendaria, que se debate en el Congreso.

En el documento actual, los obispos destacan la grave e inequitativa situación económica y social del país, producto, entre otras cosas, de la enorme concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, de las políticas de desarrollo que desde hace más de veinte años no han respondido a las necesidades de los mexicanos y del reducido crecimiento económico que ha conducido al agravamiento de numerosos problemas como el deterioro del sector agropecuario; la disminución de los salarios reales; el crecimiento del desempleo y de la informalidad y las condiciones de trabajo en muchas empresas.

Asimismo, el documento señala el bajo e insuficiente nivel de recaudación fiscal de México, cuyo sistema tributario carece del sentido promotor del desarrollo nacional y no cumple con su función redistributiva, además de que desalienta la inversión productiva por su extrema complejidad y discrecionalidad.

Se reconoce que si se quiere un Estado que no abdique de su responsabilidad social, es necesario planear soluciones de fondo a la crisis fiscal. “Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política: el objetivo hacia el cual debe tender es lograr una finanza pública capaz de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad.”[2]

Sólo la conciencia de que el fisco no es una imposición arbitraria y vejatoria, sino más bien una contribución positiva a las condiciones del bienestar propio y de los demás, puede hacer que aparezca como un costo razonable y conveniente a favor de la convivencia presente y futura de todos.

El reto último de la reforma hacendaria está en sustentar un desarrollo social que cohesione al país, cierre las brechas de la desigualdad, integre a todos sus habitantes a la economía nacional y fomente en todos su sentido de pertenencia a la nación.

Finalmente se subraya que el tema de la reforma fiscal está vinculado a muchos temas sustanciales de la vida nacional. Junto a la necesidad de revisar y potenciar la Hacienda Pública, se hace necesario también un amplio debate que, con objetividad clarifique las causas de fondo de los problemas nacionales. Este no se hará sin la manifestación de una clara voluntad política

En el documento se proponen algunos criterios de juicio para valorar los distintos aspectos de la reforma fiscal y se presentan algunas observaciones para la acción.

Los obispos concluyen el documento señalando su creencia de que los distintos actores políticos que tienen la gran responsabilidad de tomar decisiones sustanciales para la vida del país, actúan con buena voluntad. Y confían en que por encima de las diferencias, se toman las mejores decisiones que favorezcan especialmente a los más pobres.
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[1] Pontificia Comisión “Iusticia et Pax”, Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda internacional”, III, 2. Citado por CONFERENCIA DEL EPISCOPADO MEXICANO, Carta Pastoral Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con todos, 2000. N° 345.
[2] PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, N° 355.

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Comentario Octavio Islas

Además de preocuparse por la reforma fiscal, nuestros obispos deberían ocuparseen no dar protección a sacerdotes pederastas. Ese problema efectivamente les compete y los resultados alcanzadosno sonprecisamente alentadores.