Ciudad de México, 21 de junio de 2007
Servicio informativo núm. 112

Sumario:

I. Rechazará el Frente Amplio Progresista la propuesta de reforma fiscal del gobierno espurio: AMLO

II. La propuesta de reforma fiscal no ataca los privilegios fiscales, no promueve la transparencia ni resuelve la carga tributaria de Pemex: Mario Di Costanzo

III. Busca el gobierno de López Obrador proteger a la gente y defender el patrimonio nacional mediante reformas a las leyes de vivienda

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RECHAZARÁ EL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL DEL GOBIERNO ESPURIO: AMLO

Andrés Manuel López Obra dor aseguró que los legisladores del PRD, PT y Convergencia rechazarán la propuesta de reforma fiscal que presentó el gobierno espurio: “ni siquiera aceptarán un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, por tratarse de una iniciativa que se resume en el aumento de impuestos y la creación de nuevas contribuciones, con el único propósito de exprimir los bolsillos de las clases bajas y medias, así como de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes”.

Antes de iniciar una gira de trabajo de cuatro días por 25 municipios del estado de Veracruz, el presidente legítimo de México recomendó al presidente pelele, Felipe Calderón, que reduzca los altos costos económicos que representa la manutención de la alta burocracia, que suprima las millonarias pensiones de los ex presidentes, que se combata la corrupción y que se erradiquen los privilegios fiscales de los grandes empresarios y de las operaciones bursátile s.

Subrayó que Calderón pretende recaudar 300 mil millones de pesos adicionales, pero tiene un salario de 160 mil pesos mensuales, que es una cantidad dos veces superior al sueldo del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y tres veces más que el autorizado a la presidenta de Chile, Michelle Bartelet.

“Otro ejemplo —dijo— lo representa el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. El también responsable de presentar la propuesta de reforma fiscal tiene asignado un presupuesto de 3 mil pesos diarios para alimentos, pero ese dinero equivale al salario de dos meses de un trabajador o lo que cuesta la mitad de una vaca”.

En entrevista que concedió a los medios de comunicación a su llegada al importante puerto de Veracruz, López Obrador explicó que “quieren cobrar más impuesto s, van a bolsear a todos los mexicanos”, para obtener 300 mil millones de pesos con la llamada reforma fiscal, mientras en la alta burocracia del gobierno panista se dan la gran vida y viven como reyes”.

Al recordar que el poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón expresara que nadie tiene derecho a lo superfluo en tanto haya un mexicano que carezca hasta de lo más indispensable, afirmó que la política económica del país se dicta desde los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.

Recordó que el director del mencionado organismo manifestó su beneplácito por la aprobación de las reformas a la Ley del ISSSTE y sugirió que seguían las reformas fiscal y eléctrica de inmediato; “casi impulsado como un resorte, Calderón anunció que el gobierno espurio presentaría una reforma fiscal”, enfatizó.

Sin embargo, López Obrador aclaró que durante la campaña, el propio Felipe Calderón ofreció que bajaría los precios de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica, “pero finalmente sus palabras se tradujeron en puras mentiras, porque al usurpar el poder permitió una cascada de incrementos a productos de consumo generalizado”.

Posteriormente, en los encuentros que sostuvo con las comunidades de Camarón de Tejeda, Tepatlaxco y Paso del Macho, el presidente legítimo de México manifestó su seguridad de que los diputados del Frente Amplio Progresista rechazarán la iniciativa de reforma fiscal del gobierno ilegítimo, como lo hicieron en su momento con las modificaciones a la Ley del ISSSTE.

Antes en una reunión de trabajo que sostuvo con militantes, alcaldes, síndicos, regidores y legisladores emanados del PRD, PT y C onvergencia, explicó que desde hace 20 años el Fondo Monetario Internacional dicta las directrices a seguirse en materia económica. “Se trata de una receta que se aplica a todas las naciones del mundo, pero nuestros problemas son otros y debemos atenderlos de acuerdo a nuestras propias necesidades”, abundó.

Hizo énfasis en que la reforma fiscal de Calderón carece de propuestas encaminadas a atemperar el problema migratorio; actualmente “se vive con el espejismo de las remesas que envían los conacionales que radican en Estados Unidos, pero paulatinamente irán desapareciendo y entonces tendremos un problema muy serio”, alertó.

López Obrador criticó el hecho de que los tecnócratas autores de la reforma fiscal afirmen que no se afectará la economía de las familias con el aumento de las gasolinas, porque todas las mercancías se trasladan en vehículos con motores a gasolina.

Manifestó que “los ciudadanos no vamos a respetar a quienes no respetan al pueblo, como esa gentuza de Calderón, quien ahora expresó que eliminará la tenencia vehicular, pero que será hasta el 2014. Se trata ni más ni menos de una burla, entonces qué respeto le vamos a tener a ese mequetrefe”, comentó.

En la asamblea informativa con el pueblo de Atoyac —región que sobrevive del ingenio azucarero—, el presidente legítimo de México invitó a los veracruzanos a participar como representantes del Gobierno Legítimo y a asistir a la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática, que se llevará a cabo el primer domingo de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. Ante las expresiones de un importante número de ciudadanos de este municipio, garantizó que los mexicanos no vamos a permitir que el petróleo se entregue al capital sea nacional o extranjero.

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LA PROPUESTA DE REFORMA FISCAL NO ATACA LOS PRIVILEGIOS FISCALES, NO PROMUEVE LA TRANSPARENCIA NI RESUELVE LA CARGA TRIBUTARIA DE PEMEX: MARIO DI COSTANZO

En lo que calificó como comentarios preliminares a la propuesta de reforma fiscal que el día de ayer presentó Agustín Carstens en representación del gobierno de facto de Felipe Calderón, Mario Di Costanzo advirtió que dicha propuesta mantiene los privilegios fiscales para los grandes empresarios, no propone solución a la asfixia que la carga tributaria actual impone a Petróleos Mexicanos y tampoco garantiza un manejo transparente de los recursos del fisco.

El secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México revisó los planteamientos de la propuesta calderonista y ofreció un panorama inicial crítico de la misma. En cuanto a las orientaciones generales de la propuesta, Di Costanzo señaló que “no se advierten medidas estructurales que modifiquen el funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria, mismas que deberían incluir garantías de transparencia fiscal, (saber quién paga y cuánto paga), modificaciones al Órgano de Gobierno del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y compromisos y metas de recaudación precisas”.

El funcionario lopezobradorista abundó sobre los aspectos relacionados con el gasto público y señaló que “en la propuesta del gobierno espurio no se incluyen disposiciones que reduzcan el gasto corriente; en especial, no se establece nada respecto de las remuneraciones y prestaciones de los funcionarios públicos ni de los gastos superfluos. Tampoco se plantea la evaluación del esquema de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) que es oneroso financieramente para el gobierno federal”.

Asimismo, al argumentar sobre la falta de transparencia de la política fiscal propuesta por Carstens, Mario Di Costanzo señaló que “la creación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas resulta obsoleto en virtud de que las actividades de evaluación que realizará y las recomendaciones que llevará a cabo son competencia y atribución de la Cámara de Diputados mediante la revisión de la Cuenta Pública, labor que lleva a cabo a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que resulta absurdo que sea un organismo emanado del Poder Ejecutivo quien vaya a evaluar las políticas instrumentadas por el propio Poder Ejecutivo”.

Finalmente, en lo que corresponde al gasto público, Di Costanzo Armenta llamó la atención sobre el hecho de que tampoco se advierte el destino de la recaudación adicional, ni tampoco qué sucederá con la carga tributaria a Pemex, que condena a la paraestatal a un déficit permanente a pesar de sus amplias ganancias.

Una atención especial por parte del secretario de la Hacienda Pública del gobierno que encabeza López Obrador mereció el rubro de federalismo fiscal mediante el cual se propone incrementar las potestades tributarias de las entidades federativas y modificar los mecanismos de distribución de las participaciones y aportaciones.

Al respecto, Mario Di Costanzo afirmó que “al ampliar las potestades tributarias de los Estados y permitir la aplicación de un impuesto a las ventas finales de los productos con impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se distorsionará la demanda local de estos bienes, a consecuencia de que las entidades federativas verán reducidos los recursos que la Federación les repartía. Igualmente, se modificará la fórmula de reparto del Fondo General de Participaciones, pasando a ser en función de la actividad económica (el PIB) en 60%, de los incrementos en la recaudación local en 30% y del nivel de recaudación en 10%, lo que no contribuye al desarrollo equilibrado sino a la polarización, puesto que el Fondo de Fomento Municipal se repartirá, dando un mayor peso a la recaudació n local, lo que tampoco favorece a municipios pobres”.

Crítico de los malos manejos fiscales que han caracterizado al SAT, Di Costanzo Armenta indicó que “las propuestas tributarias cuando menos deben garantizar que se corrijan los señalamientos emitidos por la ASF, que establecieron la existencia de una serie de privilegios para los grandes contribuyentes. En este sentido, lo primero que debe aclarar la posición oficial y los propios legisladores es si la propuesta del Ejecutivo satisface las observaciones de la ASF”.

Asimismo, el secretario lopezobradorista aseguró que “la propuesta oficial mantiene intocados los regímenes de excepción, no se mejora la equidad fiscal y es estructuralment e opuesta a la propuesta del Gobierno Legítimo”. Al respecto, recordó que la ASF ya advirtió que en el periodo 2001-2005 los incentivos para incrementar la inversión fueron del orden de $604 mil millones, y, sin embargo, la inversión privada fue de sólo $279 mil millones. “La propuesta oficial no garantiza que cambie de manera importante la contribución al pago de impuestos entre personas físicas (2.2%) y empresas (2.7%), cuando su aporte al ingreso nacional es de 20% y 50% respectivamente”, aseveró.

En cuanto a la innovación fiscal que introduce la llamada contribución empresarial de tasa única (CETU), Di Costanzo afirmó que de acuerdo con la versión oficial, el CETU es un impuesto mínimo creado para evitar las exenciones que han distorsionado al sistema tributario; “pero resulta más lógico atacar de manera directa los regímenes fiscal es que han distorsionado al sistema tributario (consolidación, depreciación acelerada y operaciones en Bolsa)”, afirmó.

Asimismo, indicó que al permitir la deducibilidad de las erogaciones para la formación bruta de capital y las demás erogaciones para generar sus ingresos excluyendo la mano de obra (salarios), se perjudica a empresas pequeñas y medianas que por lo general son más intensivas en mano de obra. “Esto permite a las grandes empresas que retienen más por salarios (puesto que pagan salarios más altos) y que invierten más en capital, poder deducir más gastos y pagar menos impuestos” aseguró el funcionario.

En su evaluación de la propuesta de integrar en el panorama fiscal al llamado CETU, el secretario de la Hacienda Pública del gobierno de López Obrador aseveró que al gravar los flujos económicos, el CETU puede convertirse en un impuesto confiscatorio, ya que no es aplicado sólo a la utilidad; así, el impuesto puede resultar más alto que las propias utilidades de la empresa.

Finalmente, cuestionó el que el CETU favorezca la inversión y la productividad, pues, señaló, “la deducibilidad de las inversiones provoca que las empresas utilicen esta facilidad para reducir la base gravable sobre la cual aplicarán el 16% o 19%, al tiempo que desincentiva el empleo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan entre 70 y 80 por ciento de las plazas de trabajo”.

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BUSCA EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR PROTEGER A LA GENTE Y DEFENDER EL PATRIMONIO NACIONAL MEDIANTE REFORMAS A LAS LEYES DE VIVIENDA

En conferencia de prensa realizada el día de hoy, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda de l gobierno legítimo, Laura Itzel Castillo Juárez, dio a conocer el contenido de las propuestas de reformas a diversas instituciones promotoras de vivienda, que presentarán legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados y que han emanado del trabajo efectuado por la secretaría a su cargo.

La funcionaria informó que el pasado lunes 18 de junio, el Consejo de Defensa de la Vivienda —organismo que el gobierno que encabeza López Obrador ha impulsado— entregó a los legisladores del FAP un paquete legislativo preliminar que propone las modificaciones a la Ley del Infonavit, a la Ley Federal de Vivienda, a la Ley del ISSSTE en materia de vivienda, a las Reglas de Operación de la Conavi y al Contrato Constitutivo del Fonhapo. Asimismo, dicho paquete legi slativo plantea la importancia de modificar la normatividad de la Sociedad Hipotecaria Federal y de las Sofoles.

Castillo Juárez señaló que el proyecto de modificaciones legislativas que el gobierno de López Obrador ha presentado a los legisladores del FAP, “se inspira en los dos grandes objetivos de su gestión: proteger a la gente y defender el patrimonio nacional, marco en el que se inscribe la lucha por proteger a la vivienda como patrimonio familiar, ante el hecho de que los organismos nacionales de vivienda han abandonado el compromiso social que les dio origen, para asumirse como bancos”.

Como ejemp lo de lo anterior, la titular de la SAHUVI puso el caso del Infonavit, “cuya función debiera ser la de proveer vivienda para los trabajadores, y lo que promueve es el despojo. Bajo la lógica del saneamiento financiero por la bursatilización de su cartera, aprobó en febrero del 2006 vender la deuda a grandes empresas transnacionales como Capmark. En promedio —señaló la funcionaria lopezobradorista—, el Infonavit remata a 20 mil pesos cada vivienda y las administradoras de cartera las revenden en 750 mil pesos a los originales beneficiarios.

Asimismo, informó que mediante despachos privados y la firma de contratos violatorios de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, se promueve el desalojo de 110 mil viviendas. Estos despachos, que se ostentan como representantes jurídicos del Infonavit, cobran un porcentaje por vivienda “recuperada” y tienen entre sus tareas hostigar directamente a las familias de los trabajadores.

Ante tal situación en la que se han convertido los institutos del Estado mexicano protectores del derecho a la vivienda, Laura Itzel Castillo afirmó que “desde el gobierno legítimo reivindicamos la prerrogativa constitucional de contar con una vivienda adecuada, reconocida también en los tratados internacionales que ha signado México sobre los derechos económicos, sociales y culturales que establecen la transversalidad, progresividad e integralidad de esta garantía”, derecho que el gobierno que encabeza López Obrador busca defender mediante las citadas iniciativas que ha dirigido al Poder Legislativo.

En síntesis, señal{o la secretaria de Vicienda del gabinete legítimo, el cuerpo documental presentado a los legisladores del FAP, contiene lo siguiente:

1. Propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) donde se propone que: se establezca el orden público de la Ley; se reivindique al Instituto como un organismo público descentralizado cuya función primordial es proveer de viviendas digna s al alcance de los trabajadores; se inscriban las actividades del Infonavit en una política de desarrollo urbano sustentable; se obligue a que las aportaciones de los trabajadores se destinen al servicio público de previsión social para otorgar créditos baratos y suficientes; se garantice el funcionamiento democrático de la Asamblea General y se asegure la rendición de cuentas y transparencia en la actuación de l Consejo de Administración, la Dirección General y de los funcionarios en su carácter estricto de servidores públicos; se proteja a los trabajadores en su patrimonio, salario y en los intereses que se generen de sus fondos; se impulse la producción social de vivienda; se garantice el carácter legal y ético de los convenios y, se elimine la bursatilización de los fondos de los trabajadores.

2. Propuesta para reformar los artículos 38 y 57 de la Ley Federal de Vivienda para que: el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), garantice que las dependencias y entidades de la administración pública federal en la materia, desarrollen políticas que impulsen la producción social de vivienda; y se garantice que los distintos órganos de vivienda federales otorguen créditos baratos y suficientes al alcance del pueblo trabajador.

3. Se plantea la modificación de los artículos 21, 167, 170, 177 y 189 de la Ley del ISSSTE con el fin de: establecer con toda claridad los conceptos y los montos de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo; y devolver al Fovissste sus facultades administrativas y hacer más transparente y fiscalizable el manejo de los recursos.

4. Reformar el marco legal de la Sociedad Hipotecaria Federal y las Sofoles, ya que a través de éstas los distintos organismos federales de vivienda canalizan los subsidios hacia el mercado abierto. Debido a su naturaleza eminente financiera, estos organismos están sujetos, entre otras normas, a las siguientes: Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, Ley de Instituciones de Crédito; Ley de Mercado de Valores; Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; la Ley General de Instituciones de Fianzas y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, disposiciones que fueron reformadas en julio del año 2003 y que con ella permite la venta extrajudicial de los bienes que el deudor da en garantía.

5. Plantear una propuesta alternativa al Contrato Constitutivo del Fonhapo para: devolver al Fonhapo su carácter social original para dejar de funcionar exclusivamente como banca de segundo piso; y que el Fonhapo destine recursos suficientes a un Programa de Vivienda Social de acuerdo con la Ley Federal de Vivienda.

6. Derogar las Reglas de Operación de la Comisión Nacional de Vivienda, considerando dos razones básicas: rechazar el esquema para que solamente a través de intermediarios financieros se pueda ejercer el recurso, donde los subsidios a los beneficiarios se entregan a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y las Sofoles; y oponerse a que los créditos para vivienda de interés social se otorguen en Unidades de Inversión (UDIS) a las que, entre otras cosas, se le aplica la inflación de cada mes que determina el Banco de México.

Laura Itzel Castillo indicó que con el objeto de enriquecer las propuestas planteadas, se realizarán coordinadamente con los legisladores tres foros regionales: para la región centro del país el 24 de julio en el Distrito Federal, para la región sur el 7 de agosto en la ciudad de Xalapa, Veracru z y para la región norte el 28 de agosto en Hermosillo, Sonora. En dichos eventos se contará con la participación de legisladores federales, locales y autoridades del Frente Amplio Progresista, así como de organizaciones sociales, académicos y personalidades.

Por último, la responsable del área de vivienda del gobierno legí timo declaró: “tenemos el compromiso de promover este proyecto legislativo que busca incidir en el desarrollo de políticas públicas que permitan el acceso a crédito suficientes a la población de escasos recursos, así como el impulso a diversas formas de producción para el desarrollo de proyectos habitacionales dignos, porque defendemos el derecho a la vivienda en el campo y en la ciudad, como parte esencial de los derechos humanos para todos los mexicanos” e informó que se prevé que a su vez los legisladores del FAP hagan la presentación de la propuesta al Congreso de la Unión en la segunda quincena del mes de septiembre, por lo que durante los meses de julio y agosto se estaría discutiendo el mismo proyecto con el objeto de enriquecerlo.
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