¿Algo como qué?, convendría preguntarse. Muchos en Venezuela afirman que RCTV (Radio Caracas Televisión) llegó a esta situación por ser opositora al gobierno de Hugo Chávez. Otros la califican de golpista por haber apoyado el atentado contra la democracia de abril de 2002.

En la vecina Colombia, el periodista Juan Gossaín, de RCN Radio, le preguntó al presidente Álvaro Uribe: "La expresión que usted hizo sobre su respeto a la libertad de prensa me lleva a suponer que por ejemplo usted no le quitaría la licencia de funcionamiento a Radio Caracas".

"A nadie. Mejor dicho, que ejerzan el periodismo sin licencia, que digan lo que quieran, que hablen en cualquier parte", contestó.

Uribe no puede cerrar canales de TV opositores, porque no existen. Sin embargo, puso fin en octubre de 2004 al estatal Instituto de Radio y Televisión (Inravisión), que manejaba tres señales abiertas con franjas educativas y culturales, un programa diario de entrevistas sobre el movimiento social y documentales con contenidos a menudo incómodos para el gobierno.

Este mandatario hizo el anuncio un lunes, y el jueves siguiente "entró la policía y desalojó a los trabajadores esa misma noche", dijo a IPS el sociólogo Milciades Vizcaíno, quien trabajó casi 27 años en el área de televisión educativa, que fue eliminada.

Bogotá adujo que Inravisión era ineficiente. "Pero el trasfondo fue la fuerza que tenía el sindicato", sostuvo Vizcaíno, autor del libro "Universidad y medios de comunicación. Del estado de bienestar al mercado", publicado en abril, donde analiza el proceso inverso al que ahora se introdujo en Venezuela al destinar la onda de RCTV a una emisora pública.

Inravisión fue reemplazado por Radio Televisión de Colombia (RTVC), que "terceriza" actividades mediante contratos de concesión, evitando la creación de un sindicato. Ahorra 72 por ciento de costos operativos. Los transmisores son manejados por otra empresa, Telecom.

En octubre, durante el debate del senador opositor Gustavo Petro sobre vínculos de paramilitares derechistas y políticos de Sucre y Córdoba, la señal del Canal Institucional, ahora a cargo de RTVC y que frecuentemente retransmite desde el parlamento, desapareció en ambos departamentos del norte colombiano.

Ante la queja, RTVC remitió el asunto a Telecom. Pero "allí nadie supo dar razón", señaló a IPS Hernán Onatra, jefe de prensa del senador.

"No sólo la televisión pública, sino operadores privados de televisión por cable suspendieron la señal en algunos sectores de Bogotá y en ciudades principales, como Cúcuta (nororiente) y nunca dieron explicaciones. Lo sabemos por reportes que dio la propia ciudadanía durante el debate o al día siguiente", agregó Onatra.

En Honduras, el presidente Manuel Zelaya dispuso desde el lunes una serie de 10 transmisiones de una hora de duración cada día por cadena de radio y televisión, en el horario estelar de la noche, para contrarrestar lo que califica de "desinformación" de la prensa sobre su gestión.

La ley estipula que sólo se pueden transmitir "cadenas" para convocar elecciones, en caso de desastres naturales o emergencia nacional. Por eso, la medida recuerda el frecuente uso de ese mecanismo en los años 70, cuando gobernaban los militares, y ha sido criticada por asociaciones de periodistas, medios de comunicación y hasta por el presidente del parlamento, Roberto Micheletti.

El analista político Juan Ramón Martínez sostuvo ante IPS que la decisión "atenta contra la libertad de expresión" y se extralimita, pues "ni los militares fueron tan abusivos como lo que nos anuncia el actual gobierno".

El periodista Edgardo Escoto, reportero gubernamental de la radioemisora opositora Circuito Radial Voces, dijo a IPS que ha sido censurado por los portavoces presidenciales "para no preguntar". "Me niegan la palabra, me esconden la agenda del gobernante", afirmó.

El último medio al que en Nicaragua se le revocó la concesión por aparentes motivos políticos fue Radio La Poderosa en 2002, durante el mandato de Enrique Bolaños. Sus equipos fueron confiscados sin un proceso judicial. La emisora era acérrima crítica al gobierno y afín al ex presidente convicto Arnoldo Alemán.

Cuando gobernaba Alemán (1997-2001), periódicos críticos como La Prensa y El Nuevo Diario, denunciaron acoso fiscal y boicot comercial del gobierno por informar de actos de corrupción de funcionarios públicos.

RCTV no es el único medio que cesa su actividad por una medida del poder en Venezuela. Durante los dos días de abril de 2002 en que Chávez estuvo separado del gobierno por la fuerza, los golpistas cerraron al estatal Canal 8 por ese lapso.

En 2003, el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, opositor de Chávez, también cerró por varios días la emisora comunitaria Catia TV.

El oficialismo se ufana de que "aquí la única que ha cerrado medios es la oposición", e insiste en ello. En el caso de RCTV, "no se trata de un cierre sino de que no se le renueva la concesión", reiteró a IPS el ex ministro de información y presidente de la cadena regional Telesur, Andrés Izarra.

Pero la discrecionalidad sobre las concesiones "coloca en una situación difícil, casi de incertidumbre, a más de 150 radioemisoras privadas que aguardan la renovación de sus licencias", observó a IPS Ciro García, presidente de la Cámara de Radiodifusión.

Seguidores de Chávez subrayan que durante el golpe de Estado de 2002 en su contra, estaciones como RCTV no cubrieron la manifestación popular del 13 de abril, que ayudó a devolver al presidente a su cargo con apoyo de tropas leales.

En cambio, RCTV y otras televisoras dieron amplia cobertura a la propaganda antichavista y a las marchas contra el gobierno durante la huelga petrolera de fines de 2002 e inicios de 2003, organizada para derrocar a Chávez.

En otras acciones que afectaron a los medios, el ente nacional tributario impuso una multa de 13.000 dólares y cerró durante dos días de octubre de 2005 al centenario diario El Impulso, de línea editorial opositora, en la centroccidental ciudad de Barquisimeto.

Multas de millones de dólares han sido impuestas a RCTV y al canal de 24 horas de noticias Globovisión, varios de cuyos equipos satelitales fueron retenidos indefinidamente hace dos años, cuando una inspección los encontró orientados en una dirección distinta a la autorizada. Ninguna de ellas recibe publicidad oficial.

Pero "si comparamos la diversidad de medios de comunicación, en Venezuela hay mucha más libertad de expresión que en Chile", por ejemplo, dijo a IPS el coordinador del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la estatal Universidad de Chile, Felipe Portales.

Aunque en Chile no hay registro de medidas arbitrarias contra los medios en los últimos años, la libertad está restringida por la concentración de la propiedad, según Portales y la directora del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Gumucio.

"Con excepción de Cuba, Chile es el país con menos libertad de expresión en América Latina, en términos de pluralidad de medios", con una situación "peor a la que se vivía antes de que terminara la dictadura" de Augusto Pinochet, en 1990, remarcó Portales.

La cobertura del caso RCTV es una muestra. "Los medios chilenos sólo han mostrado una versión, la que es contraria a Chávez. No tenemos los antecedentes necesarios para formarnos una opinión al respecto", aseguró Portales.

Tanto Portales como Gumucio culpan de la falta de diversidad a la desigual distribución de la publicidad estatal.

Como en Colombia, mas por razones diferentes, en Cuba tampoco hay canal opositor que cerrar.

La propiedad privada de los medios murió en los años 60, tras el advenimiento del proceso revolucionario. La prensa escrita, radial y televisiva se rige por una política que traza, dirige y controla el gobernante Partido Comunista de Cuba.

Los opositores, considerados "mercenarios a sueldo del imperio" (Estados Unidos) no tienen acceso a esos medios. Un grupo de periodistas no afines al gobierno o abiertamente críticos fueron sancionados en 2003 con duras penas de prisión bajo cargos de transmitir o facilitar información a medios enemigos.

La excepción son las revistas católicas Palabra Nueva y Vitral, fundada en 1994 en la diócesis de la occidental provincia de Pinar del Río, cuyo equipo editorial cayó en crisis a principios de este año, tras la llegada del nuevo obispo, Jorge Enrique Serpa.

Vitral cobró notoriedad por su enfoque crítico de la realidad cubana, pero Serpa decidió que la publicación evitara "agresividad" y fuera menos contestataria.

La censura en México, común en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1929, comenzó a decaer a mediados de los años 90.

Pero el Diario Noticias de Oaxaca, que circula desde hace 31 años en ese estado del sur y es crítico del muy cuestionado gobernador Ulises Ruiz, ha sufrido ataques desde 2005, incluidas agresiones a sus periodistas e intentos de desalojarlos por la fuerza.

Radio Monitor, que opera desde 1975, fue uno de los pocos que se enfrentó a los años de censura del PRI. Su dueño, José Gutiérrez Vivo, asegura que el gobernante Partido Acción Nacional lo castiga retaceándole publicidad oficial por sus posturas críticas y negándole entrevistas e informaciones.

El único partido que, cuando gobernaba, revocó una concesión de onda en Uruguay, el centroderechista Partido Nacional, reclamó sin éxito al gobierno del izquierdista Frente Amplio una declaración de condena por el caso RCTV.

La izquierda recordó que el gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle fue el único que tomó una medida similar en la historia uruguaya y "sin necesidad de que venciera el permiso", dijo el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro.