LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MÉXICO, A. C.
CONSEJO DIRECTIVO 2005-2007
México, D. F. a 10 de mayo de 2007 Sr. Ernesto Rivera Aguilar Director General Periódico Excélsior Señor Director: En la edición de Excélsior del día de hoy, 10 de mayo de En mi carácter de Presidente del Consejo Directivo de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C. deseo señalarle, enfáticamente, nuestra extrañeza por la evidente intención de confundir a la opinión pública al atribuir a los ex senadores un proyecto que no es de su competencia y en el que no han tenido intervención alguna. El proyecto en mención es un documento desarrollado a iniciativa de La Red que presido, asociación civil que agrupa a más de 49 Sistemas de Radio y Televisión dedicados a la divulgación educativa y cultural a través de los medios electrónicos en todo el país. La decisión de trabajar en la conformación de un proyecto legal que busca establecer las condiciones jurídicas que requieren los sistemas de radio y televisión educativa y cultural para su operación diaria, fue una decisión unánime de la asamblea general de nuestra asociación y tiene varios meses de consultas, propuestas y discusión de sus términos y estará lista solamente cuando se terminen dichas consultas entre sus socios. En dicho proyecto, deseo reiterarlo, no ha participado ninguno de los 47 ex-senadores que promovieron el recurso de inconstitucionalidad que analiza actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto incluso fue una decisión no del Presidente de La Red sino de la propia Asamblea General. La necesidad de trabajar en un proyecto legal para la radiodifusión de calidad y para la protección de los medios electrónicos educativos y culturales como un asunto de la mayor urgencia es por la carencia de un marco jurídico que garantice su permanencia y desarrollo; por la nula consideración de la radiodifusión pública que es considerada como “oficial” en las reformas promulgadas; y por la total omisión en dichas reformas, del valor e importancia que la radiodifusión educativa y cultural tiene en beneficio de la nación. La cantidad de inconsistencias de las actuales leyes, la cantidad inaudita de omisiones, obstrucciones y daños contra los medios públicos, contra la potestad de la Nación sobre sus bienes y, en consecuencia, contra la sociedad en general, ha sido una y otra vez denunciada por nuestra Red y es una opinión que se comparte, no sólo con un grupo digno de ex-senadores que entendieron que en el Congreso se debaten no los negocios sino las leyes del país, sino con millones de ciudadanos que han visto como imperan los criterios comerciales sobre los intereses de la nación. Ante la incertidumbre jurídica en que nos encontramos, toda vez que como es sabido no ha sido aún resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mencionado recurso de inconstitucionalidad, La Red ha elaborado diversas versiones de su proyecto legal en el proceso de conformación de una versión definitiva. Una de las versiones de nuestro proyecto contempla la posibilidad de que, de mantenerse los términos en los que está establecido el artículo 28 de la ley, se añada el derecho de que los permisionarios puedan ofrecer los servicios que como redes de telecomunicaciones permite la convergencia tecnológica derivadas de las nuevas posibilidades de la radiodifusión digital, desde luego con propósitos educativos y culturales, y que actualmente son una de las gravísimas omisiones de la Ley. Es decir, lo que ha sucedido es que el Estado, a través del poder legislativo, le ha negado al Estado, a través de sus medios públicos, la posibilidad de que éstos puedan realizar con todas las herramientas tecnológicas a su alcance, la tarea fundamental para el Estado para la que fueron creadas: el fomento de la educación y la cultura, que por cierto responde, ni más ni menos, a lo que señala el artículo tercero de nuestra carta magna. En los más diversos foros, por todos los medios a nuestro alcance, y en documentos formales que han sido entregados en su momento tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República, La Red que represento hizo y ha hecho evidente su rechazo a las reformas mencionadas porque ponen en riesgo la propia existencia de la radiodifusión pública en nuestro país. En su momento también señalamos que, en tanto el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, las reformas a las leyes deberían modificarse considerando las necesidades y proyectos más importantes del Estado Mexicano: insistimos no como un mero asunto de negocios, tal y como por desgracia fue considerado por los legisladores que aprobaron dichas reformas. La decisión de La Red de contratar al despacho Zambrano y Madrazo Abogados respondió, entre otras muchas razones, primero a su derecho y luego, precisamente, al amplio conocimiento de dicho despacho de todas las implicaciones legales derivadas de las lamentables reformas y, por supuesto, por su profesionalismo y capacidad. El señor Rendón parece no aceptar el derecho que tienen Zambrano y Madrazo Abogados de atender más clientes, además de los 47 ex senadores que le solicitaron su asesoría para la promoción del ya mencionado recurso de inconstitucionalidad. Por todas estas graves inconsistencias que Excélsior se permite convertir en noticia de primera plana, la nota del señor Rendón se muestra como un intento de deformar la verdad, con absoluta carencia de profesionalismo periodístico al atribuir un documento de trabajo de La Red, como proyecto de los ex senadores. La prueba de ello es que en ningún momento el Señor Rendón se acercó a La Red para solicitar información con respecto a dicho proyecto legal que se ha circulado, como él lo menciona, entre los permisionarios, precisamente como el proyecto de La Red con papelería oficial de la asociación, en reuniones formales de su Comisión Legislativa y a través de su correo electrónico. En consecuencia de todo ello y en términos del derecho de réplica que establece la Ley de Imprenta, le solicito publique de manera íntegra esta aclaración en el mismo espacio que la nota del Sr. Rendón. Atentamente ERNESTO VELÁZQUEZ BRISEÑO Presidente del Consejo Directivo de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C. Artículo de Héctor Rendón Excélsior Impugnan artículo pero lo promueven Ley de Radio y Televisión. Ex senadores retoman en una nueva iniciativa la norma que los hizo protestar ante la Corte Por: Héctor Rendón 10/05/2007 Ex senadores que promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, impulsan ahora una iniciativa titulada "Ley para el Fomento de un Servicio Público de Radiodifusión Educativa, Cultural, Científica y Social de Calidad", en la que prácticamente reproducen el artículo 28 de la reforma citada, —uno de los más polémicos y que da sustento a su impugnación—, con algunos agregados. Dicho proyecto de iniciativa, en poder de Excélsior, fue distribuido recientemente entre varios directivos de estaciones permisionadas de radiodifusión y fue elaborado por el despacho jurídico Zambrano & Madrazo, el mismo que representa legalmente a los 47 ex legisladores que presentaron la acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con las reformas, publicadas el 11 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) establece: "Los concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud a la Secretaría. "Para tal efecto, la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para usos similares, en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones. "En el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los servicios de telecomunicaciones, otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, a que se refieren las fracciones I y II, respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Estos títulos sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley. "Los concesionarios a quienes se hubiese otorgado la autorización a que se refiere este artículo deberán observar lo siguiente: "I. Las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones que se presten en ellas, se regirán por las disposiciones aplicables en materia de telecomunicaciones; "II. El servicio de radiodifusión se regirá por las disposiciones de la presente ley, en lo que no se oponga a la Ley Federal de Telecomunicaciones". El artículo 28 de la LFRyTV está en el centro de la acción de inconstitucionalidad, al ser considerado violatorio de los artículos primero y 28 constitucionales y porque presuntamente otorga "trato preferencial a los radiodifusores" y discrimina a "los interesados en obtener frecuencias para prestar servicios de telecomunicaciones, u obtener una concesión para red pública de telecomunicaciones". Sin embargo, la propuesta de iniciativa de la nueva ley, preparada por el despacho que representa a los ex legisladores, reproduce íntegro ese artículo, pero agrega que los permisionarios podrán dar servicios de telecomunicaciones sin pagar contraprestación alguna al Estado mexicano. Hasta ahora los argumentos de los ex senadores inconformes no se han materializado. De acuerdo con una solicitud de información pública, presentada con base en la Ley Federal de Transparencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no ha recibido, durante la vigencia de las reformas impugnadas, ninguna solicitud basada en el artículo 28 de la LFRyTV. Es decir, hasta la fecha, ninguno de los actuales concesionarios ha mostrado interés para obtener autorización para la prestación de servicios adicionales que, de obtenerlos, no podrían ser revertidos por la SCJN dado el principio de no retroactividad de las leyes. La iniciativa que impulsan los ex legisladores elaborada por los abogados Zambrano & Madrazo contiene elementos que permiten que las estaciones permisionadas, las cuales se asignan de manera gratuita y discrecional, puedan comercializar abiertamente, esto al convertirlas en concesiones equiparadas, y ponerlos así al mismo nivel, en términos comerciales, de aquellos proveedores de servicios de telecomunicaciones y concesionarios de radiodifusión que han pagado por sus frecuencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hasta el 21 de mayo para reso.lver sobre la acción de inconstitucionalidad. Aclara postura Creel: las presiones, del "entorno político" El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Santiago Creel, aclaró que no fueron personas, sino el "clima político particularmente agitado" que vivió México en 2006, el que "presionó" a los legisladores mexicanos a aprobar la llamada ley de medios. Después de que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) exigió al senador panista que informara quién presionó a los congresistas mexicanos para avalar las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones el año pasado, Creel Miranda leyó un pronunciamiento en el cual dijo que "las presiones eran producto del entorno político que vivía México y eran la constante, como es natural en tiempos electorales. Como suele ser en esos casos, no se trata de presiones individuales, sino de un clima particularmente agitado". Creel Miranda dijo que "lamento que los empresarios de la radio y la televisión lamenten mis declaraciones, pero este es un debate que la sociedad reclama y que estamos obligados a dar". Ante esta exigencia, añadió, "existen dos opciones: la primera, típica del pasado político mexicano, sería la de cerrar los ojos y hacer como que aquí no pasa nada; esa es la ruta fácil. La otra, que sin duda tiene más costos políticos y personales, es la de la reflexión autocrítica de nuestros actos y de nuestras omisiones, y la búsqueda permanente de corregir y mejorar el entorno legal". Aclaró que a lo largo de su gestión como secretario de Gobernación, como precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia y ahora como senador, "siempre he estado convencido de la necesidad de encontrar un marco legal que respete las libertades, promueva la competencia y establezca reglas claras para la operación de los medios de comunicación en nuestro país". Insistió en que una democracia que se consolida, como la mexicana, requiere de medios de comunicación sólidos, competitivos, de mexicanos para mexicanos, capaces de crecer y prosperar en un mundo cada vez más globalizado. — Leticia Robles de la Rosa y Marina Núñez Luna
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