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México, DF, 2 de abril de 2007.
Servicio informativo núm. 50
EL INFORME DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DEMUESTRA LAS VIOLACIONES A LA LEY EN EL MANEJO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL IPAB: MARIO DI CONSTANZO
El Sistema de Administración de Bienes Asegurados (SAE) vendió bienes inmuebles bajo resguardo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por debajo de su valor de mercado, por lo que nuevamente se observa que en materia de venta de activos y de cartera, se violó la ley, se dañaron las finanzas públicas y se buscó evitar que se reduzca el costo del rescate bancario (conocido como el Fobaproa) por medio de la venta de activos.
Lo anterior se desprende del análisis del Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública para 2005, recientemente entregado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), evaluación que ha hecho la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México.
Al informar lo anterior, Mario Di Constanzo, secretario del ramo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, indicó que “se observan graves irregularidades en la venta de cartera y bienes inmuebles del IPAB, ya que este organismo transfirió aproximadamente 7 786 inmuebles, en los cuales los valores de catastro y avaluó asentados en las escrituras de compra-venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados por el SAE”. Por ello, indicó el funcionario lopezobradorista, es la propia ASF la que concluye en su informe que “no se obtuvieron las mejores condiciones económicas, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio del Estado en su Hacienda Pública Federal”.
En la enumeración de irregularidades encontradas en las operaciones del IPAB y que la ASF arroja en su informe, Di Constanzo agregó que “en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se refleja el saldo real de 7 284 bienes inmuebles, ya que registraba un total de 7 767 inmuebles, por lo que se desprende que existe una diferencia de 483 inmuebles, que no aparecen o se encuentran extraviados”.
Di Constanzo Armenta calificó lo hecho por el SAE como “una venta de garage, por medio de la cual, personas que están impedidas por ley para comprar cartera o bienes de manos del IPAB, o personas influyentes que fueron rescatadas por el Fobaproa, están readquiriendo sus bienes de manos del SAE a precios verdaderamente irrisorios y escandalosamente inferiores a su valor real”.
Ante tal situación, el secretario de la Hacienda Pública del gabinete legítimo indicó que “es preciso que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer y a dar una explicación detallada del proceso de venta de activos al director del SAE, ya que esta venta de garage podría originar hasta lavado de dinero”.
Al fundamentar su petición de que comparezcan las autoridades responsables de tales violaciones a la ley, Di Constanzo recordó que el 12 de agosto de 1999, el IPAB dio a conocer su Programa de Enajenación de Bienes, cuyo objetivo central era obtener el máximo valor de recuperación posible de los bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del rescate bancario.
El propio marco jurídico —rememoró— estableció que las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida, o bien que mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.
“Lo anterior, afirmó, a pesar de contar con cierta lógica, impidió que los pequeños y medianos deudores volvieran a comprar sus deudas y el negocio fuera para las administradoras y compradoras de cartera, quienes han lucrado con la deuda de muchos mexicanos”.
Lo peor, señaló Mario Di Constanzo, es que “a pesar de ello, el objetivo del programa no se ha cumplido, y a la fecha el IPAB ha vendido un total de 325 698 créditos en tan sólo 10 mil 539 millones de pesos, esto es, a un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito, mismos que amparan casas de interés social, casas residenciales, bodegas comerciales, naves industriales, etc., y cuyo valor es muy superior al precio pagado por estas compañías al IPAB”.
El miembro del equipo de gobierno lopezobradorista puntualizó que “en una violación flagrante a la propia ley del IPAB, grandes grupos rescatados por el Fobaproa han podido comprar nuevamente sus propiedades a precios irrisorios; en otros casos, mediante el tráfico de influencias y utilizando información privilegiada, miembros de la ex familia presidencial se han visto beneficiados a través de empresas y prestanombres que han actuado a su favor, como es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas de 3 000 pesos”.
Para corroborar lo anterior, Mario Di Constanzo puso el ejemplo de Banorte, que fue rescatado y tiene pagarés de Fobaproa, y que aparece como “comprador” de bienes subastados por el IPAB, así como el de Bachoco, quien fue rescatado por el Fobaproa y ahora se beneficia con la “compra de activos vendidos por el IPAB”, en concreto siete inmuebles ubicados en Puebla.
De acuerdo con la información proporcionada por Di Constanzo Armenta, también figuran entre los beneficiarios de los manejos ilegales de los bienes del IPAB personajes políticos, lideres sindicales o prominentes empresarios, como Patricia Olamendi, Gilda R. Bours y Marcos Giacaman (hermano del subgobernador del Banco de México), entre otros.
El funcionario lopezobradorista concluyó diciendo que “la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes, y un jugoso negocio para los bancos y para los políticos y empresarios influyentes”, por lo que reiteró su demanda de que el Poder Legislativo investigue estas anomalías, a la luz de los propios informes que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación.
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