INFORME DE RELATORÍA

Foro del Régimen de autoridad al régimen de opinión y de participación: aportes para la redefinición de la televisión de servicio público en América Latina

El Foro Del Régimen de autoridad al régimen de opinión y de participación: aportes para la redefinición de la televisión de servicio público en América Latina, fue celebrado en la Ciudad de México, del 12 al 13 de marzo de 2007, organizado por la UNESCO y el Canal Once de México, con los auspicios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Cátedra UNESCO Telecomunicaciones y Sociedad con sede en la Universidad Iberoamericana de México.

1. En la sesión de inauguración, realizada en la Sala de Consejo del Instituto Politécnico Nacional, Julio Di-Bella, Director General de Canal Once, señaló que el objetivo del Foro era discutir la naturaleza y los objetivos de la televisión pública y que si bien en México no hay medios públicos como tales, sino medios de Estado, tanto el Instituto Politécnico Nacional como Canal Once son conscientes de que dichos medios tienen la obligación no sólo de concebir contenidos, sino de construir ciudadanía. Por lo tanto, lo que se busca, a través de una actitud distinta, es el construir medios públicos, como los existentes en otras partes del mundo, y llegar a públicos distintos con un rostro plural, inclusivo y diverso. Por su parte, Alejandro Alfonzo, Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina, sede San José, manifestó su satisfacción por esta acción conjunta con Canal Once, un medio que se ha ganado un lugar de respeto en la sociedad mexicana. Destacó que el tema del Foro ha tenido la atención de la UNESCO desde hace muchos años, debido a su trascendencia e implicaciones para el desarrollo, las libertades de expresión, de prensa y de opinión asi como para la expresión la diversidad cultural. Tal atención y dedicación tiene plena vigencia particularmente en América Latina donde, entre otras razones, se experimenta una crisis política, social y económica en cuyas soluciones los sistemas radio y televisión de servicio público auténticos podrían colaborar. A nombre del Director General de la UNESCO y en el del Representante y Director de UNESCO México, Alfonzo deseo éxito a los integrantes del foro e hizo votos para que se alcanzaran los objetivos del mismo.

Por último, el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, antes de declarar formalmente inaugurado el evento, apuntó que con las nuevas tecnologías surgen nuevos problemas, como la igualdad del acceso, mientras que los cuestionamientos éticos y culturales siguen vivos y sin resolverse todavía. Relató que Canal Once nació como un proyecto del IPN destinado a cumplir una importante misión educativa, científica, tecnológica y cultural; el medio ha mantenido la imparcialidad y ofrece contenidos de alta calidad, por lo que ha obtenido innumerables premios y la creciente preferencia de una parte importante del público mexicano.

2. La primera conferencia de la jornada, Promoción, desarrollo y fortalecimiento del servicio público de TV como mandato y vocación de la UNESCO, estuvo a cargo de Alejandro Alfonzo, quien hizo énfasis en que el tema de los medios de radio y televisión de servicio público constituye para la UNESCO un mandato de sus países miembros, punto que documento resumiendo una serie de textos aprobados por las reuniones de la Conferencia General de la UNESCO de la Organización y otras en los cuales ella ha intervenido. Tambien el expositor enumeró varias experiencias de la UNESCO que mucho han contribuido en la región al estudio y debate en torno al servicio publico de la radio y televisión asi como al surgimiento de importantes proyectos, incluyendo la Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA), la red de emisoras públicas (estatales) de los países que conforman geográficamente al Plan Puebla Panamá y mas recientemente, la propuesta de un canal cultural y educativo de servicio publico solicitada a la UNESCO por los ministros de ambos sectores de los gobiernos de Centroamérica.

En otro aparte de su disertación, Alfonzo apuntó que la materia que convocó este foro guarda estrecha vinculación con la adopción y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, subrayando los aspectos de la digitalización y sus implicaciones para la radio y TV en general y las de servicio público en particular, alertando el orador sobre la necesidad de que los países aceleren una decisión sobre el formato que ellos usarán. Otro aspecto que trató Alfonzo, es el carácter profundamente político – en su sentido mas pertinente y amplio- del tema debido a que está vinculado al ejercicio de la ciudadanía, a la democracia y su gobernabilidad, a la libertad de expresión, a la comunicación de la creatividad intelectual y artística, a la redistribución plural y equitativa de la toma de decisiones en la sociedad y como instrumento de comunicación que bien pueden estimular la participación ciudadana en todos los ámbitos claves del desarrollo, y el cumplimiento de los objetivos del milenio establecidos por las Naciones Unidas. Para Alfonzo, estos temas y su vinculación con la existencia de un servicio público de radiotelevisión tambien deben ser abordados, estudiados por las universidades y las instituciones de educación superior latinoamericanas, que en tal ámbito tienen mucho que aportar.

La UNESCO promueve, reiteró el orador, en los medios de servicio público la producción y difusión de contenidos de alta calidad que respondan a criterios de diversidad cultural, pluralismo ideológico y político como una forma de combatir y rechazar el pensamiento único y fortalecer la libertad de expresión y sus corolarios la libertad de prensa y el libre acceso de los ciudadanos a la información publica, instrumento éste muy eficaz para terminar con la cultura del secreto. Alfonzo, apuntó de la forma siguiente las principales características y fines de un servicio publico de radiotelevisión: gozar de autonomía, independencia y libertad editorial; que esté orientado al bien público y al interés social; que ofrezcan a todos los sectores un lugar de encuentro mediante su programación y que ésta responda a las necesidades y aspiraciones de tantos públicos e intereses como sea posible; la universalidad, la diversidad cultural, la alta calidad de su programación debe ser enfatizada, independencia y clara diferenciación respecto a la programación, gerencia y orientación de otro tipo de medios audiovisuales; atender de preferencia a las personas desprotegidas de la sociedad, estimular el desarrollo de la industria audiovisual, dar apoyo a la educación básica y en todos sus niveles, promover, defender y fortalecer a la democracia y contribuir a su gobernabilidad, ser catalizador del sistema cultural y promover la cooperación e integración regionales.

En la discusión posterior, como aspectos principales se relacionó a la autonomía con la transparencia administrativa, la buena gestión y los mecanismos de rendición de cuentas que deben regir en los medios de servicio público. La importancia que debe tener la programación dirigida al entretenimiento de las audiencias y que ella sea de calidad y cuidando la estética, dado que tal género no esta reñido con los fines del servicio público de radio y televisión. Y, lo indispensable que es una nueva forma jurídica de concebir, conducir, garantizar y cuidar la autonomía de los medios de servicio público frente al poder político y económico del Estado y del mercado.

3. La segunda conferencia, La esfera pública hoy como escenario para la construcción de políticas públicas, fue dictada por Ana María Miralles, directora del Grupo de Investigación en Comunicación Urbana y profesora de Opinión Pública en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia), quien expuso conceptos relacionados con la construcción de lo público desde los medios de comunicación. Por consiguiente, ante la debilidad contemporánea de lo público y de las instituciones del Estado en las representaciones simbólicas de las personas, y la aparición del mercado como casi único regulador de las relaciones sociales, presentó a los medios públicos como bienes colectivos puros, en una concepción de lo público no como lo opuesto a lo privado, sino a lo particular, a lo secreto y a lo cerrado. Ello permite la posibilidad de darle visibilidad a lo público. Miralles identificó como condiciones del espacio público contemporáneo a la autonomía de opinión y su diversidad; a la construcción activa y consciente de públicos; a la concepción del ciudadano como público participante, y no espectador; a la existencia de esferas públicas periféricas, de contra-públicos que no quieren ser representados sino hablar por sí mismos; al pluralismo político y de opinión; al reconocimiento de la innovación crítica de los públicos respecto a las instituciones sociales; a la concepción del espacio público mismo como control del poder político a través de la exigencia de fundamentos racionales y de exigencia de legitimidad al poder constituido. Para articular una nueva esfera pública es necesaria la libre participación de todos los interesados; la libre discusión de temas sin exclusiones y conscientemente politizados, la igualdad política y cultural de los participantes, borrar la diferencia entre lo público y lo publicable, recuperar la función crítica del debate y la importancia del disenso para una verdadera democracia. En la televisión, el entretenimiento es lenguaje, siempre y cuando haya debate sobre temas de interés colectivo para el ciudadano.

A partir de ocho rupturas con los modos de concebir y trabajar los medios, Miralles propone los siguientes desafíos: situar a la ciudadanía como protagonista en los procesos de opinión pública; entender al ciudadano como portador de discurso con derecho a la palabra y como un sujeto reflexivo sobre asuntos de carácter colectivo; construir y fortalecer vínculos entre la esfera política y los ciudadanos; trasladar la comunicación desde lo publicable hasta lo visible; generar producción periodística y temas de debate marcados por la participación ciudadana; colocar las prácticas periodísticas en el lado del contrapoder ciudadano y no desde el poder político; sustituir el cierre de las historias en forma de noticia por el inicio de las mismas en forma de debate público; narrar desde la polifonía de voces y las subjetividades y trabajar la dimensión del acontecimiento y no del hecho. En suma, su propuesta de radicalizar el papel constructivo de la comunicación en el tema de la democracia pasa por centralizar al debate, la figura más comunicativa desde el punto de vista de lo público. En la discusión posterior, se pidió no olvidar el poder comunicativo de la ficción y la concepción de la información como un bien público.

4. La tercera sesión de la agenda fue el panel Los principios rectores jurídicos y políticos de la televisión pública en un Estado democrático, donde participaron Alejandro Serrano Caldera, Director General del Instituto de Ética, Valores y Desarrollo de la Universidad Americana (Nicaragua) y Ernesto Villanueva, Coordinador del Área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (México).

Alejandro Serrano advirtió no confundir la democracia, el interés general y el bien común con atribuciones o características del Estado, pues éste no es sino el instrumento de la voluntad popular. Esta confusión es el origen de las autocracias institucionales y de las dictaduras personales que comienzan cuando el ciudadano cede parte de sus derechos al olvidar que el Estado no es otra cosa que la voluntad colectiva jurídicamente organizada. De esta manera, el ciudadano se ha visto debilitado primero por el Estado y ahora por el mercado, que ha pretendido convertir al ciudadano en consumidor. Actualmente, se ve una saludable reacción del individuo al reivindicar su derecho a participar activamente en los procesos de construcción social y ciudadana y en un nuevo contrato social. En ese tenor, con la televisión de servicio público se propone incluir lo universal que no pasa por lo comercial, la formación en el ciudadano de un sentido crítico sobre los mensajes audiovisuales. Luego de un estudio sobre las disposiciones constitucionales de ocho países de América Latina sobre el tema, Alejandro Serrano concluye que hay ausencia de normas específicas para construir un sistema diferente a la opción gubernamental o estatal y en relación al mercado y a intereses puramente comerciales. No se consideran temas fundamentales como la paz, los derechos humanos, la convivencia, la construcción de ciudadanía, la democracia, la alfabetización en nuevos lenguajes y saberes, el mejoramiento de la calidad de vida, la distribución equitativa de oportunidades ni la actualización de la memoria social. Convendría una definición más precisa de ciudadano y de ciudadanía, y de mecanismos de financiamiento que garanticen eficacia a la radio y la televisión de servicio público. Quedan fuera completamente disposiciones que constituyan verdaderas condiciones para que la radio y la televisión funcionen como servicio público, como la autonomía y la independencia respecto al Estado y al gobierno, o respecto al mercado y los intereses comerciales; y la actualización en nuevos lenguajes y saberes. Por todo ello, se vuelven necesarias leyes marco de rango constitucional sobre la radio y la televisión de servicio público.

Por su parte, Ernesto Villanueva apuntó que, jurídicamente, no existen medios de radio y televisión de servicio público en México -aunque algunos medios se definan así en declaraciones de principios-, dado que no están definidos jurídicamente mediante acuerdos, reglamentos o disposiciones normativas. En México, sólo hay dos figuras jurídicas para los medios de comunicación: la concesión, que tiene al lucro como objetivo último, y el permiso, que tiene en el lucro la única causal de revocación. Para Villanueva, es necesario que las leyes den garantías a los medios no comerciales para que mantengan un mínimo de supervivencia y operatividad. El hecho de que no puedan tener ganancias no significa que no puedan cobrar o financiarse a través de publicidad, pues en México existe la creencia de que el medio público debe ser permisionado. Además, debe acabarse con la confusión de que el medio no comercial debe gestionarse como uno privado, pues hasta los medios de servicio público más exitosos del mundo no sobreviven sólo de sus ventas.

Ernesto Villanueva propuso como la solución jurídica idónea para resolver el estatus jurídico de los medios no comerciales en México el reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, creando un apartado sobre medios públicos. Si ello no fuere posible, entonces la creación de un reglamento derivado de la ley vigente que desarrolle en detalle el sentido de las empresas permisionarias y el sentido de un medio público, además de la reforma del marco normativo de cada institución de radio y televisión para que adquiera un verdadero carácter público. La ventaja de un reglamento (conjunto de normas jurídicas que definen el sentido y el alcance de una ley) consiste, para Villanueva, en que no se negocia con los legisladores sino con el presidente de la República y se avanza en la definición gradual de lo que no está contenido en la ley; la desventaja es que puede ser derogado en cualquier momento. Asimismo, los medios públicos deberían contar con un código deontológico y un ombudsman que defienda los derechos de la audiencia, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

5. En la cuarta sesión del día se desarrolló el panel La televisión pública, entre el desarrollo y el crecimiento: ¿es posible su redefinición?, que integraron Patricia Ortega, profesora-investigadora de la Universidad UAM-Xochimilco (México), Eduardo Quijano, Director de Cinematografía de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y Sergio Aguayo, profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (México).

Patricia Ortega enfocó su discurso sobre la situación mexicana, y explicó que ante un panorama de liberación del mercado audiovisual, de mayor concentración de la propiedad de los medios y de disminución de la presencia del Estado, éste debe crear condiciones jurídicas políticas y económicas que permitan a la televisión pública reorganizar sus estructuras de gobierno para constituir medios públicos con autonomía respecto al poder político y al poder económico, diseñar políticas que aseguren la participación equitativa en el desarrollo tecnológico y la convergencia digital y ofrecer a la sociedad nuevas formas de comunicación e interacción con los medios. Según su opinión, los ciudadanos también deben participar activamente en el posicionamiento de los medios públicos en la agenda nacional como reguladores del ejercicio de la comunicación; expresar sus preocupaciones con el objeto de transformarlas en políticas públicas y leyes; y comprometer a los trabajadores de dichos medios para que hagan públicos y transparentes los compromisos de la televisión de servicio público.

En su oportunidad, Eduardo Quijano propuso que los medios no comerciales se conviertan en un cauce de representación política, en espacios de disenso y discusión de los asuntos de la nación que incluyan también al sector gubernamental, que se asuman enfoques regionales pero que trasciendan hacia un sentido más nacional que les permita ser parte de una memoria colectiva, capaces de registrar los cambios cualitativos que se están dando en la relación entre los actores sociales.

Finalmente, Sergio Aguayo sostuvo que medios como Canal Once se comportan como medios de Estado, pero que el problema de la televisión pública sujeta a los gobiernos en México se da en las regiones.

En la discusión posterior, se habló de que la televisión de servicio público también está abierta a procesos de segmentación y que por tanto no se le puede pedir a un canal en particular que cumpla con todas las exigencias del servicio público enunciadas en abstracto. Se precisó, además, que una estructura de medios públicos en un país requiere diversidad de modelos según las necesidades de los ámbitos y las regiones. Por último, se formularon las preguntas: ¿quiénes deben redefinir la televisión de servicio público y a quién favorece dicha redefinición? ¿Qué racionalidad de fondo debe discutirse: la del gobierno o la de los ciudadanos?

6. Para finalizar la primera jornada, se hizo la presentación de los libros editados recientemente por la UNESCO: Marcos Constitucionales y el Servicio Público de Radiotelevisión en América Latina, de Alejandro Serrano Caldera y Radiotelevisión de Servicio Público: un manual de mejores prácticas, cuyo capítulo latinoamericano fue escrito por Ana María Marín Pulgarín (Colombia), Elizabeth Safar y Antonio Pasquali (Venezuela), Guillermo Orozco y Francisco Hernández Lomeli, (México) y Valerio Fuenzalida (Chile).

7. El segundo día comenzó con el panel El Estado, ¿promotor, interventor o espectador de la televisión pública?: Estudios de casos, en el que participaron Ana María Marín Pulgarín, coordinadora de Programación del Canal Público Teleantioquia (Colombia), Elizabeth Safar, profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación –ININCO- (Venezuela), Valerio Fuenzalida, profesor-investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) y Guillermo Orozco, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (México).

En primer lugar, Ana María Marín reseñó la historia de la televisión en Colombia y ponderó las características del sistema de televisión de servicio público de su país: descentralización del servicio en medios regionales, locales y comunitarios; la creación de un organismo con participación ciudadana encargado de la regulación del servicio de televisión; la formación de televidentes críticos mediante programas y defensores del televidente; exploración de géneros y formatos audiovisuales; y un sistema mediante el cual la televisión privada abierta y por suscripción financian la operación de la televisión pública. Como elementos para mejorar, enumeró: la carencia de participación ciudadana en la definición de la parrilla, la elección discrecional de los cargos directivos, la propuesta de programación cambiante con cada gobierno, el centralismo y el desafío a mediano plazo que representan algunos proyectos de ley que aspiran a revertir los logros constitucionales anteriores, definir la norma de televisión digital, legislar rápidamente para enfrentar la competencia internacional que se abriría con la probable firma del TLC con Estados Unidos y la consiguiente exigencia de este país de que Colombia disminuya la cuota de pantalla de programación propia.

En segundo lugar, Elizabeth Safar reseñó el caso venezolano, donde ha habido varios intentos de reforma e iniciativas de la sociedad civil, en las cuales se han planteado la necesidad de la creación de una ley orgánica de radio y televisión de servicio público no gubernamental, como un órgano u autoridad independiente del poder ejecutivo y de un consejo como instancia suprapartes que decidan la asignación de recursos y formulación de políticas.

De igual forma, Safar hizo un análisis del desarrollo de la radiodifusión en Venezuela destacando en particular la situación de los medios estatales, y subrayando algunas situaciones de crisis caracterizadas por la ausencia de una política públicapara la asignación de frecuencias. En la parte final de su presentación, la expositora hizo un amplio análisis de la situación actual de los medios oficiales en Venezuela, así como de algunas situaciones concernientes ala violación de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en su país, donde los medios bajo control directo e indirecto del gobierno se han configurado como herramientas ideológicas poderosas para la construcción de la nueva hegemonía de un Estado que seperfila cada vez más autocrático".

En tercer lugar, Valerio Fuenzalida habló de la Televisión Nacional de Chile (TVN), la cual, a partir de la reforma constitucional de 1992, se transformó en canal de Estado administrado por un directorio elegido por el poder Ejecutivo y el Senado, a través de un mecanismo que permite incluir a la mayoría y a las minorías políticas. El canal tiene por misión garantizar el balance y la pluralidad de la información para contribuir a la gobernabilidad del país, tan dividido luego de la última dictadura militar. El canal tiene un régimen de sociedad anónima que exige auditorias internas y externas e informes anuales de su manejo administrativo; su autofinanciamiento se torna viable mediante la publicidad y otros mecanismos. Semejante diseño ha cosechado ya varios logros, como el de obtener el rating más alto en el país incluyendo a todas las ofertas privadas, debido a su alto goce de credibilidad y a la percepción de la audiencia de que el canal mantiene un equilibrio político. Sin embargo, la carencia de fondos públicos impide financiar tareas como estaciones locales de televisión para las que la publicidad no es suficiente.

El caso mexicano fue expuesto por Guillermo Orozco, quien en su recuento histórico de la televisión en el país, señaló tres tendencias que han definido a la televisión privada: la alianza “camaleónica” del poder político y del poder mediático, la abolición de la competencia y, con excepción de Canal Once, la tutela de todos los medios por parte del aparato represivo del Estado. Orozco propuso que la televisión pública debe hacer campañas de sensibilización amplia de lo que significa la televisión pública para la sociedad; y transparentar la labor y los planes; contar a las audiencias el valor y la razón de su diferencia, logros y autocríticas. Para él, el reto estriba en generar en la ciudadanía una nueva cultura participativa de medios públicos, que suponga una manera distinta de interpelar, convocar y ser representados por los medios; además de comprender la importancia de la producción de ficción y de exigir buenos programas pertenecientes a ese género.

Durante la discusión posterior, se abundó en el tipo de programas resultantes de los nuevos modelos, como la profundización de lo informativo a través del reportaje, telenovelas de contenido social, magazines matutinos o barras de programación infantil.

8. La siguiente sesión fue el panel La vinculación al desarrollo y la responsabilidad social como misión de la televisión de servicio público, integrado por Magdalena Acosta, cineasta (México), Alberto García Ferrer, Director General de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (España), José A. Soto, Coordinador del Área de Televisión de la Universidad Iberoamericana (México) y Manuel Quintero, Director General de Televisión Educativa (México).

En primer término, Magdalena Acosta hizo una defensa de la televisión de servicio público al citar sus características ideales y los logros obtenidos por los mejores canales en el mundo. Asimismo, sobre el caso mexicano, habló de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., la cual busca la coordinación voluntaria y la cooperación de televisoras de servicio público, productores independientes, la compra de producción extranjera y la venta de producción propia. Propuso un organismo que articule los esfuerzos dispersos que se llevan a cabo en la televisión educativa y cultural en sus distintas modalidades; que establezca estrategias para la difusión, en la forma, medio y horario idóneo, de emisiones con un carácter educativo explícito, procurando establecer sinergia entre éstas y el resto de la programación. Subrayó la necesidad de la creación de un marco legal. Asimismo, propuso la creación de un fondo para la producción, semejante a lo que existe en el ámbito cinematográfico.

Alberto García Ferrer presentó el proyecto de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, programa de cooperación de las Cumbres Iberoamericanas así como sus líneas de contenido que se pondrán en marcha a fines de 2007. Para este programa, la importancia del concepto de cultura y su vinculación a las políticas de desarrollo es fundamental. García Ferrer hizo énfasis en tres aspectos: la construcción de audiencias –con el ciudadano como el centro de la preocupación-; la producción de contenidos; y la cooperación entre todos los países miembros así como en el nivel Sur-Sur.

La tercera intervención fue la de José Ángel Soto, quien enmarcó su exposición con base en las siguientes tres preguntas: ¿A quiénes servimos, cuando hablamos de televisión de servicio público? ¿Cómo seleccionar la programación y los contenidos? ¿Cuáles son nuestros objetivos, qué buscamos?

Finalmente, Manuel Quintero habló sobre las diferencias de la televisión comercial y la televisión de servicio público, enunció las características de esta última, subrayó su gran compromiso social y su carácter de transmisora de valores, y dio cuenta de la importancia que tiene la televisión educativa como medio para disminuir el rezago en ese ámbito y ofrecer a la población en todos los niveles y comunidades programas con calidad y pertinencia. Igualmente habló sobre la necesidad de establecer una alianza entre todos los medios de servicio público y las universidades para integrar capacidades y recursos. Además, presentó los proyectos más importantes de la televisión educativa en México: Red EDUSAT, Televisión Educativa en Línea, Proyecto Secundaria Digital y el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa. Por último, comentó sobre el proyecto Videoteca Educativa de las Américas (VELA) como un esquema para desarrollar, alojar y compartir recursos audiovisuales.

En la discusión posterior, se habló de que se ha detectado, con base en estudios cualitativos, que las audiencias situadas en el hogar que reciben señal abierta no esperan una educación escolar, sino una educación para enfrentar los problemas cotidianos, y que los formatos preferidos son los del género de entretenimiento, formas que funcionan más por identificación emocional que por lecturas cognitivas. La televisión pública puede trabajar una síntesis entre un lenguaje de entretenimiento y la televisión educativa.

9. En la última conferencia del programa, Hacia una nueva cultura del servicio público de televisión en México, Julio Di-Bella apuntó que es necesaria una redefinición integral de la televisión de servicio público, pues su importancia social radica, entre otras cosas, en que no sólo es promotora sino creadora de cultura, y que puede comprometerse en un proceso activo de construcción de ciudadanía. Señaló seis elementos fundamentales para tal redefinición: pluralidad y autonomía de gestión, contenidos con calidad, un nuevo marco jurídico, nuevos mecanismos de financiamiento, un proyecto de plataforma tecnológica y la transparencia y responsabilidad mediática.

10. Finalmente, los asistentes al Foro animaron a la UNESCO a continuar promoviendo espacios para la discusión y realización de propuestas a favor de la radio y la televisión de servicio público en América Latina. En tal sentido, se exhortó a la Organización a continuar su vinculación con el Canal Once, así como los otros sistemas de radio y televisión de servicio público de la región, basada en las buenas prácticas para la elaboración de proyectos, de actividades de formación así como tareas tendientes a lograr marcos legales que permitan una consolidación de servicio público de televisión en Latinoamérica.

Todos los participantes, en sus distintas intervenciones, expresaron su gratitud a la UNESCO y al Canal Once por la invitación que se les formuló para que asistieran al Foro, asimismo manifestaron su reconocimiento por la oportunidad y utilidad de la convocatoria de este encuentro que hicieron ambas instituciones. Junto con los representantes de Canal Once y la UNESCO, los asistentes dieron las gracias al director general, Dr. Enrique Villa, y demás autoridades del Instituto Politécnico Nacional, por la excelente hospitalidad que se les brindó y por haber abierto sus instalaciones físicas para llevar a cabo estas jornadas. Del mismo modo, agradecieron a la Cátedra UNESCO de Telecomunicaciones y Sociedad, con sede en la Universidad Iberoamericana de México, por el patrocinio que otorgaron a tan importante acción.

11. Julio Di-Bella hizo uso de la palabra para exponer once principios para la promoción, organización y desarrollo del servicio público de televisión, que fueron preparadas por las instituciones organizadoras de estas jornadas, como sugerencias y aportes para continuar animando la discusión acerca del tema en los países latinoamericanos. Estos principios son los siguientes:

a) La razón de ser de la televisión pública es el servicio público auténtico.

b) La televisión de servicio público debe animar, buscar y obtener una manifestación clara y no vinculante por parte de la institucionalidad política del Estado y la expresión plena y no circunstancial de tal voluntad como plataforma eficiente de apoyo, garantías de continuidad, sostenibilidad económica e independencia editorial y fortaleza para sus actuaciones financieras en los ámbitos nacionales e internacionales.

c) La televisión de servicio público debe ganar el reconocimiento y la alta valoración de la población en virtud de la pertinencia, diversidad y alta calidad de los contenidos que produce y difunden y a través de la participación ciudadana en la construcción de la agenda de programación, incluyendo los espacios noticiosos los cuales deberán guardar los equilibrios y apertura del caso, los criterios profesionales asi como guiados por la valoración de la información como un bien publico.

d) La televisión de servicio público debe ser plural en su conducción y ingeniería de producción, gozar de autonomía y de independencia editorial.

e) La televisión de servicio público debe hacer énfasis en la calidad, el uso pertinente de las nuevas tecnologías de información que siempre deben estar subordinadas a los contenidos, y el estudio sistemático sobre las necesidades y aspiraciones de sus audiencias.

f) La televisión de servicio público deberá regirse por procesos internos de gestión de calidad sin que ello interfiera en la consecución de sus objetivos y fines.

g) La televisión de servicio público debe estimular el desarrollo de la industria audiovisual, promoviendo producciones propias y alentando mecanismos de intercambio de programas y cooperación técnica y, profesional a nivel local, nacional y regional.

h) La sociedad civil y la sociedad política en cada país de la región deben promover un debate plural, amplio y democrático que genere cumplidos las instancias constitucionales un marco jurídico para el desarrollo de una radiotelevisión de servicio público así como una política pública que guíe su desenvolvimiento y coadyuve a la consecución de sus objetivos.

i) La televisión de servicio público debe profundizar sus acciones para que la ética, la transparencia y la rendición de cuentas sean ejes fundamentales de su quehacer.

j) En sus particularidades, la televisión de servicio público debe adaptarse a las realidades económicas, políticas, culturales y a las necesidades de la población de cada país.

k) La televisión de servicio público debe reforzar su vocación a favor de la democracia, de la libertad de expresión, de la diversidad cultural, de la promoción de los derechos humanos y de la integración latinoamericana.

12. En el acto de clausura participaron Alejandro Alfonzo, Consejero de Información y Comunicación de la UNESCO, Julio Di-Bella, Director General de Canal Once y el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, quienes manifestaron su complacencia por el buen desarrollo del Foro, los debates y los resultados obtenidos. Enrique Villa dejó formalmente clausurado este encuentro expresando su reconocimiento tanto a Canal Once como a la UNESCO por el buen desempeño de esta actividad.