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México, DF, 13 de marzo de 2007.
Servicio informativo núm. 23
Germán Martínez elude su responsabilidad sobre el caso Gil Díaz, afirma Mario Di Constanzo
“Al archivar el expediente de Francisco Gil Díaz por no encontrar pruebas sobre el conflicto de interés en el que incurrió el ex secretario de Hacienda foxista, Germán Martínez (secretario de la Función Pública del gobierno calderonista) está eludiendo su responsabilidad y con ello abre la posibilidad de que los legisladores puedan iniciar una denuncia de juicio político en su contra por actuar de manera negligente y en contra del interés público y de la nación”.
Lo anterior fue declarado por Mario Di Constanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, quien para corroborar lo anterior agregó que “sólo basta señalar que hace algunas semanas un grupo de ciudadanos presentaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia en contra de Francisco Gil Díaz por actos que contravinieron diversas disposiciones legales y no sólo por los conflictos de interés en los que incurrió el ex secretario de Hacienda”.
Asesorados por la propia instancia de gobierno que encabeza Di Constanzo, en dicha denuncia ciudadana se contemplaron tres aspectos centrales: “la participación de Gil Díaz en el Comité Técnico del Fobaproa y por tanto en el rescate bancario; la injerencia de Gil Díaz en la operación de las aduanas a través de la empresa ISOSA; y el manejo de información privilegiada de este personaje en las operaciones de venta de cartera del IPAB, al actuar como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y al mismo tiempo haberse desempeñado como miembro del Comité Asesor de la Empresa J.E. Roberts, que es una de las mayores administradoras de cartera del mundo y que a su vez es la dueña de la empresa Fénix Administración de Activos, casualmente la empresa que sirvió de puente para que los hermanos Bribiesca adquirieran, entre otras cosas, un paquete de casas-habitación en un valor promedio de 3 000 pesos cada una”.
Para Di Constanzo, Martínez Cáceres pretende “disimular la atención argumentando que no existen indicios de conflicto de interés en la decisión adoptada por Francisco Gil Díaz, al haber aceptado durante dos meses el cargo de consejero del banco inglés HSBC. Pero tal decisión, a menos de un año de haber concluido su gestión como secretario de Hacienda y Crédito Público, no sólo es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también un acto de traición a la patria”, puntualizó el funcionario lopezobradorista.
Al abundar en su calificativo de “traidor a la patria” en relación con Gil Díaz, el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo recordó que Gil fue integrante del Comité Técnico del Fobaproa, “lo que le permitió dirigir el fracasado rescate bancario y, a la postre, contar con información privilegiada que utilizó en su favor, y también en beneficio de bancos extranjeros que ahora, al controlar el sistema bancario del país, amenazan la soberanía económica del Estado mexicano”.
“Además del Fobaproa —agregó—, Gil Díaz participó activamente en la operación de las aduanas del país, al ser accionista de la empresa denominada Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), misma que desde 1993 se dedicó a recaudar el Derecho de Trámite Aduanero, y que de acuerdo con el Órgano Revisor del Congreso de la Unión (la Auditoria Superior de la Federación), ocasionó un daño al erario público por aproximadamente 10 mil millones de pesos”.
Di Constanzo Armenta afirmó que, sin embargo, “lo más grave de la actuación de Gil Díaz al frente del ministerio de finanzas fue lo que se conoció el 2 de enero del 2007, cuando HSBC publicó en su página de internet el “currículum” de su brillante adquisición; entre otras cosas, en su doble actividad como funcionario público y privado, fue presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y al mismo tiempo se desempeño como Consejero del Grupo J.E. Roberts. Com. Inc. “Hay que recordar, insistió Di Constanzo, que las llamadas administradoras de cartera han realizado jugosos negocios lucrando con la deuda de millones de mexicanos al adquirir los derechos de cobro de estas carteras a precios irrisorios por parte del IPAB, y cobrando estas deudas a precios de agiotista a los deudores, y es hasta ahora cuando se sabe que Gil Díaz también formó parte de estos negocios”.
“En este sentido, es claro que Gil Díaz no solamente benefició a un grupo de banqueros extranjeros que tienen secuestrado al Estado mexicano, sino que con sus corruptas y negligentes acciones perjudicó gravemente a México”, aseveró.
Con esa base es que la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo concluyó sus señalamientos diciendo que “El Código Penal Federal impone la pena de prisión hasta por 40 años de cárcel al mexicano que cometa traición a la patria, a quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero. Más aún, se considera traición a la patria tomar parte en actos de hostilidad contra la Nación en alguna forma que pueda perjudicar a México”, por lo que, insistió, se debe solicitar una audiencia al titular de la SFP para que aclare su decisión de exonerar al ex secretario de Hacienda y afronte su responsabilidad, a riesgo de ser él mismo denunciado por omisión y negligencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
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