El anuncio hecho ayer por Felipe Calderón con respecto al nuevo programa carretero que implica volver a otorgar la concesión de las autopistas a empresas privadas a través de complicados esquemas financieros, esconde el pago de favores a quienes apoyaron el fraude del 2 de julio y no es posible descartar hechos de corrupción y negligencia, así como el encubrimiento de las tremendas pérdidas que para el erario público ha representado el fracasado rescate carretero de hace diez años.

Lo anterior fue declarado por Mario Di Constanzo Armenta, secretario de la Hacienda Pública del gobierno lopezobradorista, quien agregó que, como sucedió con el Fobaproa, con el rescate de la Banca de Desarrollo y el de los ingenios, en el caso de las carreteras nuevamente se traslada a los contribuyentes los costos económicos de los errores gubernamentales; una vez más, el gobierno da una clara muestra de que su objetivo ha sido “privatizar las utilidades y socializar las pérdidas”.

“Después de que a los mexicanos se nos ha cargado una deuda de poco más de 160 mil millones de pesos, se devuelven totalmente saneadas las carreteras al capital privado”, indicó Di Constanzo Armenta, y pidió recordar la historia de ese rescate: “Durante la construcción de diversas autopistas de cuota, quienes las recibieron en concesión enfrentaron importantes incrementos en los costos de construcción, que se combinaron con las sobreestimaciones de aforo vehicular que habían proyectado inicialmente, dando como consecuencia problemas en la operación, el mantenimiento y en la amortización de los créditos contratados con la banca.

En razón de lo anterior, el gobierno federal decretó el 27 de agosto de 1997 el rescate de las carreteras concesionadas, mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras (PICS) y de la asunción de una deuda de los concesionarios por 58 123 mdp”. “El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FARAC, donde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario.

Entre 1997 y 2002, el FARAC emitió PICS y asumió pasivos bancarios avalados por el gobierno federal, que a diciembre de 2002 sumaban 143,442 mdp (los cuales no fueron revelados en la Cuenta Pública 2002), y a marzo del 2005, 165,000 millones de pesos”.

El funcionario lopezobradorista indicó también que, de acuerdo con la propia Auditoría Superior de la Federación, el FARAC viene registrando sus operaciones bajo criterios que no se apegan a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. De las revisiones efectuadas, destacan las siguientes observaciones: — Recomendación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en lo sucesivo revele en la Cuenta Pública los avales del gobierno federal por el rescate carretero de 160,689 mdp. — La inmediata intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que inicie un procedimiento administrativo a los servidores públicos que ordenaron en forma extemporánea el pago a la Tesorería de la Federación por 501 mdp. — Cuatro recomendaciones al FARAC para que su Comité Técnico sancione y emita bases contables adecuadas de registro, y se realicen las correcciones a los registros contables por las operaciones del fideicomiso.

Por ello, insistió Mario Di Constanzo, “existen importantes problemas de rendición de cuentas en la operación del fideicomiso utilizado para el rescate de las carreteras, que obligan a fincar responsabilidades a las autoridades de Banobras y declarar los pasivos originados por el rescate carretero como ilegales”.

Como reportamos en la emisión número 6 del Servicio de Noticias ISA, el 28 de febrero dieron inicio los trabajos de la Preconvención Nacional Democrática Universitaria.

Hoy damos espacio en nuestro servicio informativo a la declaración de sus organizadores, toda vez que durante la segunda sesión de este evento, el 1 de marzo, fueron objeto de actos de represión por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hechos que nos parece muy importante dar a conocer.

No debemos olvidar el origen de este proyecto de universidad durante el gobierno capitalino que encabezó el actual presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que es nuestra opinión que todos los ciudadanos debemos estar atentos para que dicho proyecto educativo no se desvirtúe con medidas adoptadas por sus autoridades, atentatorias contra la libertad de expresión y de información.

A los integrantes de los Comités Ciudadanos A los Delegados de la CND A las mujeres y hombres libres Por este medio les comunicamos que el día de hoy 1 de marzo, la Liga Nacional de Comités Ciudadanos en Resistencia (LNCCR) fue objeto de un acto de represión por parte de autoridades de la Universidad de la Ciudad de México, toda vez que el 2º Foro de la Preconvención Democrática Universitaria tuvo que realizarse en un salón de clases debido a que, según ellos, el día anterior habían recibido quejas de los profesores que imparten tutorías en la Universidad porque que no los dejábamos concentrarse.

Evidentemente esto es un pretexto, ya que, por casualidad, el día de hoy asistió al plantel Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, y Martí Batres (a este último le dimos la queja y sólo contestó que habláramos con las autoridades del plantel), a un evento alterno al de nosotros que en nada se contraponía con lo que nosotros íbamos a realizar.

La cosa no quedó ahí, ya que cuando se les hizo la petición de colocar una manta de la LNCCR en el salón en donde se llevaría a cabo nuestro evento, para efecto de que la gente supiera donde se iba a realizar, también se opusieron, esta vez ni siquiera no dieron una explicación. Es por esto que se determinó, como protesta en contra de la represión a las libertades de expresión e información, suspender el 3er Foro de la Preconvención Democrática Universitaria.

Por último, agradecemos el apoyo de Radio AMLO por haber entrevistado a las autoridades de la UACM para efecto de hacer pública su nefasta postura. --------------------------------