El error de Chávez con la televisión de Caracas
José Manuel de Pablos
Rebelión

El único error cometido por el gabinete de Hugo Chávez respecto a la emisora Radio Caracas TV –me lo asegura el profesor Rubén Martínez– es no haberle cancelado la licencia inmediatamente después del último golpe de estado, donde se manifestó esta emisora como golpista a todo ritmo.

Contra la libertad de volar

Una aerolínea tiene varias obligaciones, fundamentalmente tres: ser segura, ser puntual e ir a los destinos previstos.

Si no cumple, si es insegura, si acumula quejas y quejas por retrasos continuos e injustificados y no ejerce como se espera de una línea aérea, el gobierno del que depende administrativamente está obligado a rescindirle la licencia para volar.

A nadie le puede extrañar. Nadie en sus cabales diría que ese gobierno atenta contra el derecho a volar… Lo acaba de hacer el gobierno español y nadie se ha atrevido a criticar la medida, si acaso, cómo se ha llevado a cabo, con las deficiencias que todos hemos visto.

Contra la libertad de alimentarse

Un restaurante, incluso los de comida rápida o basura de comida, tiene varias obligaciones, fundamentalmente éstas: servir una comida sana, no intoxicar a sus clientes con los que les dé de comer y evitar, por ejemplo, acumular quejas ante la autoridad de Sanidad por ofrecer productos que atenten contra la salud de las personas.

Si no cumple, ¿a quién le ha de extrañar que la autoridad competente clausure el local, lo desprovea de la licencia de apertura y le imponga alguna multa? O, como acaba de hacer la autoridad española de Sanidad con un restaurante impresentable de comida basura, lo saca de una campaña en pro de una alimentación equilibrada.

A nadie le puede extrañar. Nadie en sus cabales diría que ese gobierno atenta contra el derecho a comer…

Contra la libertad de información

Una emisora de televisión funciona por disponer de una licencia para emitir facilitada por todo gobierno, tal y como sucede en el mundo entero.

Una emisora de televisión tiene varias obligaciones, entre las cuales están sacar al aire programas y espacios informativos, opinativos y de entretenimiento, junto a publicidad para obtener sus cuentas de resultados. Es lamentable que haya emisoras, como la del señor Polanco en España, que proponga o haya propuesto en su parrilla programas pornográficos, pero, tranquilo, que el señor de los cielos puede hacerlo y no hay problema. El negocio es el negocio, por encima de la ética.

Si a un gobierno se le ocurriera poner un veto a la distribución de ese tipo de basura, las críticas tendrían el mismo cinismo que quienes criticaran la retirada de licencia a una aerolínea tipo Air Madrid o sacaran de un programa de Sanidad a un restaurante gringo de comida basura. Que se sepa, nadie lo ha hecho… porque a veces hay cordura…

Si en la España del 23 F una emisora de televisión hubiera apoyado aquel golpe que nunca fue tal, lo más probable es que muy pocos hubieran criticado si el gobierno democráticamente legítimo y fuerte hubiera cerrado esa emisora golpista tan pronto se hubiera restaurado la legitimidad que nunca se perdió, en el caso comentado.

Porque una periódico o revista y una emisora de televisión o de radio, como cualquier medio de comunicación –emisoras de la iglesia católica española aparte– también tienen la obligación de apoyar los valores democráticos y defender –y controlar– el poder constituido y salido de las urnas y no convertirse en un medio golpista o potencialmente golpista.

La no renovación de la licencia de emisión de una emisora golpista en Venezuela halla críticos solamente en quienes tienen el cinismo de llamar al golpismo mediático ‘libertad informativa’, como no sucede en los casos vistos de la aerolínea o de la comida basura…

La cuestión estriba en que mientras diarios y revistas salen a la calle amparados en la libertad de imprenta, sin posibilidad de censura o clausura –con permiso del juez Garzón, claro, el que quiere ser premio Nobel de la Paz, como Kissinger–, con las emisoras de radio o televisión no sucede de igual manera, porque unas y otras salen al aire amparadas por una licencia que concede el gobierno de turno, porque van a ocupar una frecuencia espacial, que es pública, o sea, gestionada por la autoridad competente. Es la misma responsabilidad de la autoridad que vigila la seriedad de las líneas aéreas o controla la claridad de los alimentos que llegan al público.

Mientras un diario o revista sale a la calle y no quita espacio a otro medio semejante –calidades aparte–, las emisoras que salen al aire impiden que otro medio igual ocupe su mismo espacio, de ahí la necesidad de una mejor gestión y la necesidad de controlar la distribución de frecuencias, o sea, de licencias para emitir, que siempre será potestad de cada administración nacional o federal.

Si una emisora indiscutiblemente ocasiona un mal, como es el crimen de erigirse en golpista frente a un gobierno salido de las urnas, y miente en sus pantallas como medio bellaco, lo que ha de extrañar es que el cierre de tal empresa no se haga en el preciso instante de retornar a la legalidad.

Lo que ha decidido el gobierno de Venezuela no es otra cosa que entender que esa franja televisual ocupada por la emisora golpista puede estar mejor ocupada para la sociedad por un medio que respete los principios democráticos y de respeto que han de contemplarse en toda sociedad. Y, a la vez, ha garantizado la permanencia en sus puestos de trabajo a los trabajadores del medio golpista: deberían estar encantados en dejar de operar para los golpistas y respirar democracia, poder dormir en paz…

La no renovación de la licencia es una medida exactamente igual a la retirada de licencia a Air Madrid o a actuar contra la comida-basura: en los tres casos queda patente una sensibilidad especial de los responsables públicos en pro de la ciudadanía. Cumplen con su deber.

Pero mientras las dos primeras medidas de los ejemplos no se critican, la tercera medida acumula toda serie de críticas de los sectores más escandalosamente conservadores de la sociedad, venezolana y no venezolana: son los mismos.

El caso está sirviendo para contemplar un concierto de cinismo de gran envergadura, con numerosas intromisiones en las cuestiones internas venezolanas, por presiones de los grandes grupos de poder.

Mientras las críticas se disparan por una medida administrativa que se tacha, falsamente, de atentar contra el derecho a la información –como si la TV informara…–, por originarla un gobierno que está bajo observación de los poderes de la derechona toda, nadie escucha hablar de la insistencia del presidente de Perú, Alan García, empeñado en instaurar la pena de muerte para terroristas y violadores de niños asesinados, a pesar de que la propuesta ha sido rechazada por el propio parlamento peruano. Muy pocos critican este atentado contra… la vida y la sensibilidad de cualquier persona sensata.

Hay, pues, sigue habiendo, dos moralidades distintas: la cínica que se queja por el futuro incierto de una emisora golpista y los mismos que no abren la boca por el futuro de esos posibles desgraciados que pueden caer bajo la horca de Alan García. O sea, Hugo Chávez, como presidente malo, y Alan García, como presidente bueno. ¿Se imaginan que la pena de muerte fuera una ilusión de Hugo Chávez, como lo es del presidente peruano? Inimaginable.

Los fascistas del siglo XXI siguen siendo muchos y con muchos medios.

El autor es Catedrático de Periodismo de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y miembro de la Fundación CEPS. jpablos@ull.es