Respuesta de Patricia Mercado, Candidata por el Partido Alternativa Socialdemocrata y Campesina

En una democracia consolidada, todos depositan su confianza en alguien más de manera que la sociedad y el gobierno funcionan integradamente. Para que nuestra democracia continúe creciendo debemos lograr la confianza de la ciudadanía a partir de un ejercicio abierto y transparente de las funciones del gobierno. Pero los ciudadanos han perdido la confianza debido en gran parte a la corrupción. Ésta existe cuando hay un abuso de las funciones públicas por fines privados para obtener beneficios económicos o burocráticos, lo que tiene un efecto sumamente debilitador en todas las esferas de la sociedad y el gobierno. La dificultad de eliminar la corrupción es que por su naturaleza termina filtrándose a otras esferas de la sociedad.

Ante las cifras sumamente preocupantes de corrupción en México, el gobierno está cada vez más presionado por transparentar la información sobre sus gastos, rendir cuentas, llamar a los ciudadanos a participar en la evaluación y funciones del gobierno, y atender demandas ciudadanas. Todas estas funciones están pensadas para recuperar la confianza de la ciudadanía. El acceso transparente a la información pública se convierte en una obligación del gobierno para ejercer sus funciones. A la vez, el ejercicio de la autoridad transparente promueve otras condiciones imprescindibles de la democracia, como igualdad, legalidad y justicia; y el ejercicio de transparentar la información pública promueve a su vez a que los organismos estatales ordenen y archiven mejor su información.

Una de las obligaciones centrales del gobierno es promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, que forma parte del proceso de rendición de cuentas necesario en las democracias. Para lograrlo, no solo se debe contar con las herramientas y facultades vinculantes que le otorga la ley, sino también, con la voluntad y el compromiso de las instituciones fundamentales del estado federal que se comprometen a participar en foros de discusión más abiertos, a disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones; abatir la corrupción y estimular la adopción de mejores prácticas. La transparencia permite que las dependencias muestren su estructura y funcionamiento en afán de que los ciudadanos conozcan y evalúen su desempeño, para que en su caso, obtengan su aprobación.

El acceso a la información debe permitirles a los ciudadanos conocerla estructura orgánica de los sujetos obligados; las facultades, metas, objetivos y servicios de sus unidades administrativas; el directorio y la remuneración mensual de sus servidores públicos; el domicilio y teléfono de su Unidad de Enlace; la información sobre el presupuesto que se les ha asignado; los resultados de las auditorias que se les realizan; los informes que generen por disposición legal, entre otros aspectos. La transparencia también debe garantizar el acceso a documentos e información de los poderes públicos; que no se adopten decisiones a puerta cerrada; publicación de normas, directivas, circulares e interpretaciones; publicación de órdenes del día y de las actas de los órganos colegiados y de cualquier órgano decisorio; política de información activa que incluye la publicación de sus políticas y acciones; condiciones de las normas y actos de poderes públicos y, finalmente, presentación accesible, redacción simple y coherencia.

De esta manera retomo lo verdaderamente importante que es consolidar el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los ciudadanos, con criterios de transparencia homogéneos en todo el país y, sobre todo, con una institución autónoma y de mayor jerarquía para acceder a la información pública. Mi propuesta para garantizar que la transparencia alcance todos los órganos de gobierno incluye:

Impulsar la autonomía del INEGI; de la Procuraduría General de la República –para que se convierte en una auténtica Fiscalía- y del Sistema de Administración Tributaria.
Elaborar una nueva Ley de Archivos.
Revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en su capítulo de sanciones.
Impulsar una reforma de la administración pública que opere bajo los principios de servicio al ciudadano, lealtad institucional, ética pública y, sobre todo, que produzca resultados que se traduzcan en respuestas a las necesidades, reclamos e intereses de la ciudadanía.
Incorporar a las tareas administrativas el uso de nuevas tecnologías de información y/o comunicación que contribuyan a la mejor atención y servicio al público ciudadano.

Respuesta de Felipe Calderón, Candidato del Partido Acción Nacional

La transparencia y el acceso a la información son, desde mi punto de vista, dos de las principales herramientas para prevenir la corrupción.

En los últimos años, y como nunca antes, se ha avanzado en forma importante en la puesta en marcha de diversos mecanismos para fortalecer la transparencia. Es de reconocerse, especialmente, el cambio radical que la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la existencia de leyes de transparencia y acceso a la información en 28 estados de la República han generado en la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La transparencia representa, sin duda, una conquista irreversible de nuestra democracia.

Este progreso, sin embargo, no ha sido homogéneo. Cuatro estados de la República aún no cuentan con legislación en materia de transparencia – entre ellos Tabasco -; en algunos de los estados que han aprobado leyes de transparencia y acceso a la información, éstas no han entrado en vigor; únicamente 19 entidades cuentan con instancias autónomas para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos; y existen entidades de interés público que no son sujetos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es por ello que es necesario construir un entramado institucional que nos permita garantizar la transparencia en los estados y municipios, en los tres Poderes de Gobierno, en las empresas paraestatales y en otras entidades de interés público, tales como los sindicatos y los partidos políticos.

Si logramos articular una auténtica política de Estado para fomentar la transparencia, fortaleceremos nuestra democracia y el Estado de Derecho; garantizaremos la rendición de cuentas y generaremos mejores condiciones para la inversión y la creación de empleos, para que vivamos mejor.

Algunas de mis propuestas en este sentido son:

Promover reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para, entre otras cosas, ampliar a los sujetos obligados por la Ley incluyendo a instancias que ejerzan recursos públicos federales, tales como los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las universidades públicas, entre otros.
Dar seguimiento a la iniciativa que ha impulsado la Secretaría de la Función Pública para promover las reformas necesarias para que los estados y los municipios establezcan requisitos mínimos en los temas de transparencia y rendición de cuentas en sus legislaciones.
Fortalecer la autonomía en la operación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Continuar simplificando trámites y servicios gubernamentales, especialmente aquéllos que promuevan la actividad económica y la creación de empleos, y garantizar el acceso a información clara y completa sobre los mismos.
Ampliar los trámites y servicios que se difunden y realizan a través de los mecanismos de Gobierno Electrónico.
Mejorar los programas de formación en valores desde la educación básica, así como las acciones que tiendan a impulsar una cultura de la transparencia y la legalidad.
Garantizar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en las tres convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción de las que México es signatario (Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA); Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE; y Convención contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas).

Respuesta de Roberto Madrazo, candidato a la Presidencia por la Alianza por México

Los mexicanos ya estamos hartos de la falta de acceso efectivo a las operaciones de transparencia que los tres niveles de gobierno realizan. La impunidad y la corrupción durante este gobierno se han disfrazado haciendo uso de la desinformación. Al igual que el endeudamiento de la Cuidad de México en el que sus representantes y responsables se han negado a informar como y en que se ha gastado el dinero de la ciudadanía. Por eso, me comprometo a que durante mi gobierno la Ley de Transparencia será respetada en su totalidad para que todos los mexicanos sepan en qué, cómo y por qué se gasta su dinero. Lo que generará un ambiente de certidumbre y seguridad en la relación ciudadanía-gobierno.

Las acciones que llevaré acabo para que los ciudadanos estén realmente informados serán la siguientes:

Propuestas con Sentido
Roberto sí puede

Instauraré un Programa Nacional en donde la ciudadanía tendrá acceso a la información correspondiente a todas leyes, regulaciones y políticas realizadas por el gobierno. Promoveré que la ley de transparencia sea realmente eficiente y que esta denuncie y combata la corrupción a cualquier nivel. Buscaré la participación de la sociedad civil y el empresariado para que colaboren con la vigilancia y el cumplimiento de la ley, y así será más fácil ganar esta batalla en contra de la corrupción.
Promoveré la aplicación de auditorias tanto a nivel federal, estatal y municipal como principal método de control sobre los funcionarios y las distintas instituciones gubernamentales, de esta forma se fortalecerán las instituciones gubernamentales y facilitará la detección de cualquier acción indebida o irregular del cuerpo burocrático, la cual será castigada severamente.
Para reforzar la transparencia, las auditorias se realizarán en conjunto con miembros de la sociedad civil capacitados para vigilar este proceso administrativo. Por lo que crearé un Consejo Ciudadano que se encargue de auditar y vigilar a las instituciones gubernamentales de los tres niveles, el cual será renovado cada dos años.
Conformación del Consejo Ciudadano:
Para el registro de cualquier ciudadano, tendrá que presentar su currículum sin antecedentes penales.
Este candidato será elegido por las organizaciones sociales y las asociaciones de colonos, estas elecciones tendrán que ser transparentes y avaladas por la organización Transparencia Mexicana.
Crearé la Junta Social, de esta forma se tomarán en cuenta las necesidades reales de la sociedad civil dentro de las designaciones presupuestales de los tres niveles de gobierno. Así aseguraré que se destinen recursos para satisfacer de manera efectiva las demandas de todos los ciudadanos.
Mayor colaboración entre ciudadanía y autoridad para reducir la impunidad de ciudadanos y servidores públicos.
Con el objetivo de simplificar la denuncia y fortalecer el papel investigador de la policía se creará la denuncia simplificada y se le dotará de validez jurídica que servirá para el inicio de la investigación ó de la averiguación previa, estableciendo un mecanismo de coordinación autoridad-ciudadanía, y así lograr un seguimiento oportuno de la atención, avances y resoluciones de denuncias.
Con estas medidas la sociedad civil tendrá certeza de las acciones que el gobierno realizará, esto además de transparentar los procesos dará seguridad, pues ninguna acción criminal quedará impune.

Respuesta de Roberto Campa Cifrián, candidato a la Presidencia por el Partido Nueva Alianza

La Transparencia y la Rendición de cuentas por parte del Gobierno y las distintas instituciones son esenciales en el fortalecimiento de la democracia, así como en la necesaria erradicación de problemas sociales como la corrupción en todos los niveles de la vida del país

La corrupción es un problema que se ha filtrado en todos los niveles, alcanzando a expandirse en distintas esferas, se da principalmente en las relaciones del Estado con los particulares y para ejercer un combate eficaz en su contra se requiere de la disposición de ambas partes para terminar con éste fenómeno, así como de la implantación de medidas por parte del Estado que logren disminuir los factores que la hacen posible. Es aquí precisamente donde la importancia del IFAI, y las adecuadas condiciones de acceso a la transparencia y la información se vuelven manifiestas.

Mis propuestas son las siguientes:

Los Partidos Políticos, deben atenerse a las políticas de Transparencia, aceptando la firma de convenios y compromisos con el IFAI, así como con las instituciones de Transparencia que existen en el país, con el fin de hacer públicos los informes de gastos y el destino de los recursos.
Hacer de la Transparencia y la Rendición de Cuentas un asunto de competencia del Estado, debe ser una obligación e involucrar a los tres poderes y a la sociedad civil, todos los organismos públicos deben atenerse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. No creo en una Transparencia que no sea total, por ejemplo, no es aceptable que las cuentas de gasto y el origen de los recursos de los programas de SEDESOL sean públicos, mientras que no sabemos, a ciencia cierta, de dónde provienen los recursos del programa de apoyo a las personas de la tercera edad del Gobierno del Distrito Federal.
Debe existir coherencia y uniformidad en las políticas de transparencia de los estados y municipios con las de nivel federal, donde todos los niveles de gobierno cuenten con organismos y leyes de Transparencia y Acceso a la Información, que encuentren su base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Andrés Manuel López Obrador, Candidato por el partido político de la Revolución Democrática:

No contestó